Un juez federal avala los despidos masivos en el gobierno ordenados por Trump

Este jueves, un juez federal en Washington D.C. desestimó la petición de varios sindicatos de empleados federales que buscaban suspender temporalmente los despidos masivos ordenados por el presidente Donald Trump. El juez Christopher Cooper argumentó que carece de jurisdicción para intervenir en la medida, indicando que el asunto debe resolverse conforme al estatuto federal que regula las relaciones laborales en la administración pública.

En enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva destinada a reducir la plantilla gubernamental y otorgar mayor autoridad al recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), supervisado por Elon Musk. Este departamento tiene como objetivo principal disminuir el gasto público mediante la reestructuración de diversas agencias federales.

Los sindicatos habían solicitado al juez que impidiera los despidos de empleados en período de prueba, así como las reducciones significativas en la fuerza laboral gubernamental y la renovación del controvertido programa de «renuncia diferida» implementado por la administración Trump. Sin embargo, el juez Cooper determinó que estas cuestiones deben ser dirimidas por la Autoridad Federal de Relaciones Laborales.

El programa de «renuncia diferida», gestionado por la Oficina de Administración de Personal (OPM), ofrecía indemnizaciones a los empleados federales que optaran por renunciar a sus puestos. Según datos oficiales, aproximadamente 75.000 empleados federales, representando un 3 % del total, se acogieron a este programa antes de su vencimiento el pasado 12 de febrero.

Elon Musk, a través de su cuenta en la plataforma X, ha respaldado la decisión judicial, afirmando que trasladar a empleados de roles gubernamentales de baja productividad a posiciones de alta productividad en el sector privado mejorará significativamente el nivel de vida promedio.

Como parte de estas medidas, se anticipa que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) despida a aproximadamente 6.000 empleados en período de prueba, lo que representa cerca del 6 % de su fuerza laboral, en plena temporada de declaración de impuestos. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para reducir el tamaño del gobierno federal, afectando a diversas agencias y provocando la terminación de decenas de miles de trabajadores.

Estas decisiones han generado críticas por parte de diversos sectores, que argumentan que los recortes podrían afectar negativamente la prestación de servicios públicos esenciales y que la administración podría estar excediendo su autoridad constitucional. A pesar de los desafíos legales y las protestas de los sindicatos, la administración Trump continúa avanzando con su agenda de reestructuración gubernamental.