Trump sufre un revés judicial: un Tribunal federal bloquea su intento de deportar a miles de venezolanos

Un juez federal en el estado de California ha impedido que el Gobierno de Donald Trump lleve a cabo la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350.000 ciudadanos venezolanos residentes en Estados Unidos.

La resolución judicial fue dictada por Edward Chen, juez de distrito, quien suspendió la medida anunciada por Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional. Noem había decidido poner fin a este programa migratorio, lo que habría dejado a miles de beneficiarios expuestos a la deportación.

En su fallo, el magistrado argumentó que la revocación del TPS tendría consecuencias graves tanto para los afectados como para la economía y la sociedad estadounidense. «El tribunal considera que la acción de la secretaria generaría un perjuicio irreparable para cientos de miles de personas, desestabilizaría sus vidas y empleos, costaría miles de millones a la economía del país y afectaría la salud y seguridad pública en diversas comunidades», se lee en el documento judicial.

El dictamen también resalta que el Gobierno federal no ha aportado pruebas suficientes que justifiquen que la continuidad del TPS para venezolanos represente un perjuicio significativo para Estados Unidos, lo que refuerza la decisión de bloquear su cancelación.

Este fallo surge después de que beneficiarios del TPS de Venezuela y Haití, con el respaldo de la Alianza Nacional del TPS, interpusieran una demanda contra la administración de Trump. La organización solicitó formalmente la suspensión de la orden que pretendía suprimir el estatus migratorio especial y obligar a miles de personas a abandonar el país en los próximos meses.

El TPS es un beneficio migratorio otorgado a ciudadanos de países que enfrentan situaciones excepcionales como conflictos bélicos, desastres naturales o crisis humanitarias que imposibilitan su retorno seguro. En el caso de Venezuela, la designación inicial se produjo en marzo de 2021 bajo la administración de Joe Biden, cuando el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, justificó la medida por la crisis humanitaria que se vivía en el país gobernado por Nicolás Maduro.

La protección fue prorrogada por 18 meses adicionales poco antes de que Trump asumiera nuevamente el poder, asegurando así la permanencia temporal de los venezolanos beneficiados. La Alianza Nacional del TPS ya había logrado en 2018 frenar en los tribunales un intento previo del expresidente republicano de revocar este programa para migrantes de al menos seis países.

La decisión judicial representa un alivio temporal para miles de venezolanos, aunque el futuro del programa dependerá de la evolución de los litigios y de las acciones que tome el Gobierno en respuesta al fallo.