El Supremo de EE.UU. podría avalar el uso de fondos públicos para una escuela católica en Oklahoma

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se encuentra actualmente deliberando sobre un caso que podría tener profundas implicaciones para el principio de separación entre Iglesia y Estado. El debate gira en torno a la posibilidad de que el estado de Oklahoma destine recursos públicos a una escuela virtual administrada por la Iglesia católica, lo que marcaría un precedente en la financiación educativa en el país.

Durante la sesión celebrada este miércoles, los ocho magistrados que participaron —tras la inhibición de la jueza conservadora Amy Coney Barrett— escucharon los argumentos de ambas partes. La magistrada se apartó voluntariamente del caso, lo que deja la resolución en manos de un tribunal dividido equitativamente entre jueces de orientación conservadora y liberal. La decisión final podría recaer en el presidente del tribunal, John Roberts, considerado una figura moderada, quien se mostró reservado durante la audiencia.

El centro del debate es la escuela virtual San Isidoro de Sevilla, que pretende operar como una escuela concertada —es decir, financiada con fondos estatales pero gestionada de manera independiente— bajo la dirección de la Iglesia católica. El tribunal superior de Oklahoma había fallado previamente que, al tratarse de una institución financiada por el erario público, no podía estar vinculada a una confesión religiosa, conforme a los principios constitucionales estadounidenses.

Sin embargo, varios magistrados conservadores del Supremo expresaron que negar la financiación pública a una institución educativa basada en su carácter religioso podría constituir una forma de discriminación. El juez Brett Kavanaugh subrayó que «la jurisprudencia del tribunal ha sido clara al establecer que ni las personas ni las instituciones religiosas deben ser tratadas como ciudadanos de segunda clase».

En Estados Unidos, las escuelas concertadas representan aproximadamente un 8 % del total de centros públicos, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Educación. Este tipo de instituciones opera mediante contratos específicos con el Estado o los distritos escolares, lo que les permite funcionar con mayor autonomía frente a ciertas regulaciones locales, siempre y cuando cumplan con estándares de calidad y rendición de cuentas previamente establecidos.

El resultado de este caso no solo afectará al futuro de la escuela San Isidoro de Sevilla, sino que podría redefinir los límites entre el apoyo gubernamental a instituciones religiosas y la neutralidad estatal frente a la religión, un equilibrio históricamente delicado en la jurisprudencia estadounidense.