Una jueza federal respalda a Trump en la aplicación de una controvertida ley para deportar inmigrantes venezolanos

Una decisión judicial emitida este martes por la jueza federal Stephanie Haines, del distrito oeste de Pensilvania, ha otorgado respaldo legal al Gobierno del presidente Donald Trump en su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII históricamente reservada para situaciones de guerra, con el fin de expulsar a migrantes —principalmente de nacionalidad venezolana— del territorio estadounidense.

Este veredicto representa la primera resolución judicial favorable a la Administración republicana en este ámbito, en contraste con sentencias previas de tribunales en Texas y Nueva York, que habían cuestionado la legalidad y constitucionalidad de la medida. En su argumentación, la magistrada consideró que la aplicación de dicha ley es admisible si el Ejecutivo garantiza un aviso con al menos 21 días de antelación y se respeta el derecho al debido proceso.

La Casa Blanca justificó su actuación señalando que los migrantes expulsados estarían vinculados al grupo delictivo transnacional Tren de Aragua, clasificado como una amenaza para la seguridad pública nacional por el Departamento de Estado. La decisión de la jueza Haines valida esta interpretación, admitiendo que dicha organización representa un riesgo legítimo en el contexto de seguridad interna.

A mediados de marzo, el Gobierno estadounidense trasladó a más de 230 personas —en su mayoría sin antecedentes penales, según reportes del medio Bloomberg, que estimó en un 90 % la proporción de migrantes sin historial delictivo— a la prisión salvadoreña conocida como CECOT, una megacárcel tristemente célebre por las numerosas denuncias internacionales sobre abusos y violaciones de derechos humanos.

Estas expulsiones fueron posibles gracias a un acuerdo bilateral entre Washington y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mediante el cual se autorizó el traslado de detenidos a ese centro penitenciario. Como parte del pacto, cuyo contenido no ha sido revelado públicamente en su totalidad, Estados Unidos se comprometió a financiar con seis millones de dólares anuales el mantenimiento del sistema carcelario salvadoreño.

Pese al fallo de Haines, el futuro de esta política sigue en entredicho. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha solicitado la intervención del Tribunal Supremo para evaluar la constitucionalidad de estas deportaciones. En respuesta a la controversia jurídica, la Corte Suprema suspendió provisionalmente las expulsiones mientras se tramitan diversas demandas presentadas en instancias inferiores.

La utilización de una ley promulgada en 1798 para gestionar la migración en tiempos contemporáneos ha generado un intenso debate político y legal en EE.UU., en particular por su carácter excepcional y por el posible uso desproporcionado del poder ejecutivo frente a personas que, en su mayoría, no han cometido delitos y buscan asilo o mejores condiciones de vida.