Vista aérea muestra el río Micay en Argelia
Argelia incauta 1,5 millones de pastillas de pregabalina en una operación militar al este del país
Tres detenidos en una intervención conjunta del Ejército y las Aduanas en Batna, mientras el Gobierno endurece su legislación contra el narcotráfico y el consumo juvenil
Las autoridades argelinas realizaron el pasado domingo una de las mayores incautaciones de sustancias psicotrópicas de los últimos meses, tras interceptar un camión cisterna cargado con 1.499.550 pastillas de pregabalina en una zona militar de la ciudad de Batna, situada al este del país. La operación, desarrollada de forma coordinada entre unidades del Ejército Nacional Popular y los servicios aduaneros, fue confirmada este lunes por el Ministerio de Defensa.
Durante la intervención también fueron confiscados 5.451.000 dinares argelinos —equivalentes a aproximadamente 36.000 euros— y detenidos tres individuos presuntamente implicados en el transporte ilegal de esta sustancia, un medicamento prescrito habitualmente para tratar dolencias neurológicas como la epilepsia, la ansiedad generalizada o el dolor neuropático, pero que en contextos no clínicos se ha popularizado por su efecto sedante y adictivo.
La procedencia del vehículo interceptado continúa bajo investigación, mientras las autoridades mantienen abiertas varias líneas de actuación en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Esta acción se inscribe dentro de la estrategia sostenida del Gobierno argelino para combatir el narcotráfico y el uso ilícito de fármacos, que en los últimos años ha experimentado un preocupante aumento, especialmente entre la población más joven.
En paralelo a estos esfuerzos operativos, el Ejecutivo ha impulsado una profunda reforma legislativa en materia de drogas. A finales de abril, el ministro de Justicia, Lotfi Boudjema, presentó un nuevo proyecto de ley antidroga que introduce penas significativamente más severas. Entre ellas, se contemplan condenas de entre 20 y 30 años de prisión para quienes involucren a menores en actividades relacionadas con estupefacientes o psicotrópicos, además de la posibilidad de imponer la pena capital en situaciones calificadas como especialmente graves.
El proyecto de ley también refuerza los mecanismos de prevención, incluyendo la obligatoriedad de realizar pruebas toxicológicas durante los procesos de contratación tanto en el sector público como en el privado. Asimismo, se propone implementar controles periódicos en instituciones educativas, bajo autorización paterna o de la jurisdicción competente en menores.
Como medida complementaria, el texto legislativo contempla la creación de un sistema de recompensas para aquellas personas que colaboren aportando información relevante sobre redes de tráfico o consumo ilícito, en un intento de involucrar a la sociedad civil en esta lucha de carácter nacional.
Estas disposiciones reflejan la creciente preocupación del Gobierno por el impacto social del uso indebido de drogas, especialmente entre los jóvenes, y marcan un giro hacia una política más restrictiva y preventiva en materia de salud pública y seguridad nacional.
