Petro convoca una consulta popular por decreto y desata una tormenta institucional en Colombia
Petro convoca una consulta popular por decreto y desata una tormenta institucional en Colombia
El presidente fija la votación para el 7 de agosto de 2025, fecha clave de su mandato, en medio de acusaciones de autoritarismo, cuestionamientos constitucionales y demandas judiciales
Gustavo Petro ha oficializado este miércoles la convocatoria de una consulta popular mediante el Decreto 639 de 2025, con el fin de someter a la voluntad del pueblo su controvertida reforma laboral. La fecha elegida para la votación no es casual: será el jueves 7 de agosto, día en que se cumplen tres años desde su llegada a la Casa de Nariño y comienza el último tramo de su mandato.
Esta decisión, tomada tras el hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima del Senado el pasado marzo, ha generado una intensa polémica jurídica y política. A pesar de que el Congreso ya rechazó en dos ocasiones la posibilidad de llevar la iniciativa a consulta —la última, en mayo—, el Ejecutivo decidió avanzar por vía directa, desatando fuertes críticas por lo que muchos perciben como una amenaza a la separación de poderes.
«Una ruptura del orden constitucional»
En su discurso de anuncio, pronunciado desde la ciudad de Cali ante una multitud reunida en la Plazoleta de San Francisco, Petro defendió la medida como indispensable para avanzar hacia lo que considera el verdadero espíritu de la Constitución de 1991: un Estado social de derecho. A su juicio, la clase política y parte del poder judicial han mantenido una visión anclada en el modelo de Estado de derecho tradicional, asociado a la Constitución de 1886, que —según sus palabras— ha perpetuado la desigualdad y la violencia en Colombia.
El presidente aseguró que la consulta no solo es legítima sino también «imperativa», y subrayó que su contenido aborda derechos laborales fundamentales: reducción de la jornada diaria, reconocimiento de licencias por razones de salud como los dolores menstruales, salarios justos en el sector rural y eliminación de la tercerización, entre otros puntos. Estas propuestas fueron presentadas el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.
El presidente aseguró que la consulta no solo es legítima sino también «imperativa»
No obstante, el camino escogido por Petro ha sido calificado por expertos como inconstitucional. Rodrigo Uprimny, investigador del centro De Justicia, calificó el decreto como «groseramente inconstitucional», al argumentar que el Ejecutivo no está facultado para convocar una consulta popular sin la aprobación del Congreso, especialmente cuando se trata de materias legislativas.
Reacciones de la oposición
La reacción de la oposición no se hizo esperar. La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, anunció la presentación de una demanda contra el decreto, al considerar que el presidente está usurpando funciones del Legislativo. El expresidente Iván Duque fue más allá, afirmando que se trata de un acto que vulnera la independencia de poderes y representa una amenaza directa al orden democrático. Instó tanto al Consejo Nacional Electoral como a las altas cortes a rechazar lo que denominó una «consulta ilegal».
Incluso figuras cercanas al Gobierno, como el exministro Juan Fernando Cristo —quien ocupó la cartera del Interior hasta principios de año—, se manifestaron en contra. Cristo consideró el decreto un «grave error» que desconoce las competencias del Congreso y la función de control de la rama judicial, sentando un precedente preocupante para la institucionalidad.
Desde el sector empresarial, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también alzó la voz. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, aseguró que la decisión representa «una ruptura del orden constitucional» y acusó al Gobierno de poner en riesgo el equilibrio democrático con una deriva autoritaria.
Gustavo Petro en una imagen de archivo
Para que la consulta tenga efectos jurídicos, deberá participar al menos un tercio del censo electoral, que asciende a 40.963.370 personas. Es decir, se requiere la participación de al menos 13.654.456 votantes, y que más de la mitad de ellos respalden afirmativamente cada una de las 12 preguntas para que las propuestas sean aprobadas.
Mientras tanto, el país se enfrenta a un nuevo pulso institucional, en el que se debate no solo el contenido de una reforma laboral, sino los límites del poder presidencial, el rol del Congreso y la vigencia del Estado de derecho en una democracia en tensión.
