El Supremo de EE.UU. avala las deportaciones de inmigrantes a terceros países y respalda la política migratoria de Trump

El Tribunal Supremo ha autorizado al Ejecutivo que preside Donald Trump a retomar las deportaciones de inmigrantes hacia naciones terceras, entre ellas Sudán del Sur y El Salvador. Esta resolución representa un nuevo respaldo judicial a las políticas migratorias restrictivas impulsadas desde la Casa Blanca y supone un revés para los sectores que se oponen a las expulsiones masivas.

El fallo del máximo órgano judicial, adoptado este lunes por seis votos a favor y tres en contra —con el único rechazo de las magistradas progresistas—, anula la decisión previa de un juez federal de Massachusetts, Brian Murphy, quien había bloqueado temporalmente la expulsión de ocho personas. Entre los afectados por la medida se encuentran ciudadanos de Cuba, México, Laos, Birmania, Vietnam y un solo individuo de Sudán del Sur.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, valoró de manera positiva la sentencia y afirmó que el Gobierno «puede ahora ejercer plenamente su autoridad legal para expulsar a quienes se encuentren en situación irregular, siempre que otro Estado esté dispuesto a recibirlos». La funcionaria no dudó en recalcar, en términos contundentes: «¡Es hora de que los vuelos de deportación despeguen!».

Los ocho inmigrantes cuya expulsión se encontraba suspendida permanecían retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti, junto a un grupo de once agentes de inmigración. Según los argumentos presentados por los abogados del Gobierno ante el Supremo, la permanencia de estas personas en la instalación militar implicaba un riesgo considerable, tanto por la amenaza de un posible ataque proveniente de Yemen como por las deficientes condiciones sanitarias del lugar.

El Gobierno estadounidense sostiene que algunos de los afectados por las deportaciones han cometido delitos de extrema gravedad, a los que califican de «atroces», y subraya que sus países de origen se habían negado inicialmente a recibirlos. La normativa migratoria vigente en Estados Unidos prohíbe enviar a personas a territorios donde puedan ser objeto de torturas o corran peligro de sufrir tratos inhumanos, una premisa que, según el juez Murphy, se había vulnerado al ordenar su traslado a Sudán del Sur sin garantizarles una defensa jurídica adecuada.

El Departamento de Estado estadounidense califica actualmente a Sudán del Sur como una zona de alto riesgo debido al conflicto armado que persiste en el país africano. De hecho, Washington ha recomendado a sus ciudadanos evitar cualquier desplazamiento a la región y, el pasado mes de mayo, evacuó a su personal diplomático no esencial.

El caso se enmarca dentro de los continuos enfrentamientos entre el poder judicial y la Administración Trump, cuya estrategia migratoria prioriza las deportaciones y la restricción de entrada de extranjeros como pilares fundamentales. Para agilizar estos procesos, el Ejecutivo ha estado cerrando acuerdos bilaterales con distintos países que se comprometen a recibir a personas expulsadas desde Estados Unidos.

En este contexto, se incluye el convenio alcanzado con El Salvador, cuyo contenido no se ha hecho público. Según fuentes oficiales, el presidente Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, pactaron que el país centroamericano acogerá a migrantes deportados por un periodo inicial de doce meses a cambio de una compensación económica de seis millones de dólares. Como parte de esta iniciativa, más de 200 personas ya han sido trasladadas a una prisión de gran tamaño en El Salvador, donde numerosos reclusos se encuentran incomunicados, sin contacto con sus familiares ni abogados.