Vuelven las minas a Europa: las claves del giro defensivo de los países fronterizos con Rusia

El 3 de diciembre de 1997, finalizando un siglo marcado por las guerras, se firmó en Ottawa, Canadá, la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales con el objetivo de evitar estas armas como instrumento en el campo de batalla, unas especialmente dañinas por su activación indiscriminada —a través del contacto o la proximidad— para la población civil. Aunque potencias como Estados Unidos, Rusia, China, India, Irán o Israel no se adhirieron a la firma, sí lo hicieron todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Cerca de tres décadas después, los tres países bálticos —Lituania, Letonia y Estonia—, además de Polonia, Finlandia y Ucrania, han comenzado diferentes procesos para desligarse del tratado. Todos estos países tienen una característica en común: comparten frontera terrestre con Rusia. Y sus decisiones de retirarse del Tratado de Ottawa también tienen un punto de origen común: la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, firmó este domingo el decreto que formaliza la retirada de su país del tratado. «Este es un paso político necesario en tiempo de guerra», afirmó en su discurso diario. «Rusia nunca ha sido parte de la convención, y está usando minas antipersona con el máximo cinismo», denunció. Para el mandatario, el abandono del acuerdo envía una señal clara a sus aliados: que los estados del flanco oriental necesitan libertad táctica total para garantizar su supervivencia. «Esto concierne a todos los países que comparten frontera con Rusia», zanjó.

Hace unos meses, el embajador de Letonia en España, en una entrevista con El Debate, se pronunció en términos similares: «Estamos en la frontera con un país que ha demostrado que puede ser agresivo sin motivo, un país que ha demostrado que sus métodos de lucha bélica son, digamos, al menos del siglo pasado. Los rusos las utilizan, así que si nosotros no lo hacemos sería como atarnos las manos». En otra entrevista con este medio, el embajador de Estonia también afirmó algo muy similar: «Queremos estar en igualdad de condiciones con ellos. De momento, no hemos empezado a comprar minas antipersona, pero esta decisión es un aviso para otros países».

Human Rights Watch ha documentado al menos 13 tipos de minas prohibidas utilizadas por Moscú desde el inicio de la guerra, mientras que el Monitor de Minas de la ONU ha registrado también indicios de uso por parte del Ejército ucraniano.

Ucrania, según estimaciones recientes, es hoy el país más minado del mundo: entre el 30 % y el 33 % de su territorio está sembrado de minas y municiones sin detonar. Esta situación no solo limita la capacidad defensiva del país, sino que también representa una amenaza permanente para su población, con consecuencias que podrían durar décadas. Según el informe más reciente del Landmine Monitor, en 2023 las víctimas civiles representaron el 84 % del total, y un 37 % de ellas eran niños.

Pese a ello, la dinámica regional ha pesado más que las consideraciones humanitarias. En abril, Finlandia anunció su salida del tratado, citando su extensa frontera de más de 1.300 kilómetros con Rusia como motivo de vulnerabilidad. Un mes después, el Parlamento lituano votó por retirarse, advirtiendo que «en caso de agresión, Rusia o Bielorrusia minarían masivamente estos territorios». Letonia, Estonia y Polonia siguieron la misma línea. En una declaración conjunta, justificaron su decisión apelando a la necesidad de «flexibilidad» para dotar a sus fuerzas armadas de todas las herramientas disponibles ante un enemigo que no juega bajo las reglas.

Este abandono del Tratado de Ottawa por parte de muchos países marca un retroceso simbólico y también la incapacidad europea de frenarle las ansias expansionistas a Vladimir Putin. Durante años, el consenso en torno a la prohibición de las minas fue considerado uno de los grandes logros del derecho internacional humanitario. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja han alertado de que la retirada de estos países podría sentar un precedente peligroso. «Las minas terrestres antipersona son armas de efecto indiscriminado. Pueden devastar regiones enteras durante generaciones», advirtió recientemente el CICR.

En el plano militar, la decisión responde a una lógica de supervivencia. Ucrania, bajo una constante ofensiva rusa, enfrenta dificultades crecientes para sostener el frente. Este mismo domingo, las fuerzas de Moscú lanzaron centenares de drones y misiles sobre varias regiones del país, en el que fue considerado el mayor ataque aéreo desde el inicio de la invasión, un ataque que va en la línea con el recrudecimiento del conflicto por parte rusa en estos últimos días, aprovechando que los ojos del mundo se situaban en la guerra de los 12 días entre Israel e Irán.

Sea como fuere, la vuelta de las minas antipersona no solo es un síntoma de la brutalidad del conflicto, sino también de una Europa que ya no se permite pensar en defensa con los criterios de la posguerra fría. El regreso de estas armas, condenadas durante años como símbolo de barbarie, deja claro que en el nuevo mapa geopolítico, la frontera oriental del continente ha dejado de ser una línea de contención para convertirse, nuevamente, en un frente.