La ONU acusa de enriquecerse con la guerra de Palestina a la constructora vasca CAF

La construcción de una línea de tren ligero que conecta colonias israelíes en Jerusalén Este ha vuelto a situar a la empresa vasca CAF en el punto de mira de la ONU –y de organizaciones de derechos humanos–, que afirman que este proyecto ferroviario no solo consolida la ocupación de este territorio palestino, sino que dificulta una solución política.

La multinacional vasca CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) fue acusada el pasado jueves, en un informe de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, de lucrarse, junto a otras entidades occidentales, primero «de la ocupación ilegal israelí, del 'apartheid' y ahora del genocidio» del pueblo palestino.

CAF, que cuenta entre sus accionistas con el Gobierno vasco, trabajó hasta principios de este año en la ampliación de la Línea Roja del tranvía de Jerusalén y construye ahora la Línea Verde, que conectará asentamientos ilegales en Jerusalén Este.

Según diferentes expertos y ONG como Amnistía Internacional, el proyecto ferroviario consolida la ilegal ocupación israelí sobre los territorios palestinos e impide una solución política al conflicto.

Ya en enero de 2019, el comité de empresa –en el que están representados varios sindicatos– pidió a CAF retirarse de la licitación del Gobierno de Israel (a la que concurrió en consorcio con la constructora israelí Shapir), por considerar que iba en contra «de la legalidad internacional».

«Consideramos que cualquier proyecto de tranvía, de cualquier ciudad del mundo, y por supuesto de Jerusalén, debe de producirse respetando los derechos humanos y la legalidad internacional», denunció el comité en un comunicado.

Amnistía Internacional, tras el informe de Albanese presentado el pasado 3 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, volvió a subrayar que «el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel».

CAF no responde

Además, la ONG demandó a CAF que «abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el Gobierno de Israel en el Territorio Palestino Ocupado», según en un comunicado de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. La agencia Efe se puso en contacto con CAF, que declinó hacer ningún comentario al respecto.

La Línea Roja, de 13,8 km y 23 estaciones, fue inaugurada en 2011 y une los asentamientos ilegales de French Hill (en el noreste de la ciudad), Givat HaMivtar y Pisgat Ze’ev, está última la colonia más grande de Jerusalén Este, territorio ocupado por Israel tras la guerra de 1967 y anexionado de forma unilateral en 1980.

La ampliación de esta línea ha llevado además el tranvía hasta el asentamiento de Neve Yaakov, localizado también en territorio ocupado.

Además, la Línea Verde, que Israel espera inaugurar en 2026, conectará en el sur el asentamiento de Gilo –donde ya viven unos 30.000 israelíes– con la Universidad Hebrea en el monte Scopus, pasando, entre otros, por el asentamiento de Givat HaMatos, localizado también en el territorio ocupado de Jerusalén Este.

Entorpece la solución política

Para Aviv Tatarsky, investigador de la ONG israelí Ir Amim (que documenta la ocupación del este de Jerusalén), la importancia radica no tanto en que una creciente red de tranvías conecte asentamientos que ya cuentan con carreteras, sino en que esta infraestructura pública normalizará aún más la ocupación israelí y facilitará la expansión de las colonias israelíes en la ciudad.

«Hay dos aspectos en esto», declaró Tatarsky en conversación telefónica con Efe. «Primero, esta red de tranvías favorecerá la expansión de los asentamientos, y segundo, la red está diseñada para dar servicio a los barrios y asentamientos israelíes, mientras que los tranvías raramente pasan cerca de los barrios palestinos de Jerusalén Este. Es muy discriminatoria en ese sentido».

Esto ocurre, por ejemplo, con el asentamiento de Givat HaMatos, localizado de forma estratégica entre el sur de Jerusalén y la urbe palestina de Belén. Su ubicación y expansión, junto a la de otras colonias como Har Homa, obstruye cualquier posible solución política e impide la continuidad territorial de Palestina, advierte Peace Now, que monitoriza la política israelí de asentamientos.

La relatora de la ONU pide sanciones

A finales de 2023, el Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén aprobó la edificación de 3.500 viviendas, hoteles y una zona comercial en Givat HaMatos, una vez se supo que la Línea Verde del tranvía discurriría por ahí. Solo este proyecto duplicará el número de viviendas existentes en la colonia.

«Los planes de construcción a lo largo de la ruta del tren ligero tienen un mayor porcentaje de edificación en comparación con otras zonas de la ciudad», advirtió en un comunicado el pasado diciembre Peace Now, que dijo que entre los planes para este asentamiento los promotores habían propuesto rascacielos residenciales de hasta 30 plantas.

En las recomendaciones de su informe, Albanese pide sanciones y un embargo de armas a Israel, e insta a la Corte Penal Internacional y a los poderes judiciales nacionales a «investigar y procesar a los ejecutivos corporativos y/o entidades corporativas por su participación en la comisión de crímenes internacionales y el lavado de ingresos provenientes de esos crímenes».