Chile: el peligro de la relación de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico

Durante décadas, los chilenos nos jactamos —con razón— de que nuestras Fuerzas Armadas permanecían al margen del narcotráfico. Las noticias de estas dos últimas semanas estremecieron al país, con miembros del Ejército transportando cocaína desde Bolivia y suboficiales de la Fuerza Aérea traficando ketamina en vuelos institucionales, suponen no solo un quiebre simbólico, sino una alerta geopolítica profunda.

El crimen organizado ha cruzado el umbral de las instituciones armadas. Pero ¿estamos ante casos aislados o frente a un proceso larvado de infiltración? ¿Y qué nos dice esto del tipo de Estado que estamos configurando?

Los hechos son ya conocidos. En la región de Tarapacá, siete funcionarios del Ejército fueron sorprendidos con 192 kilogramos de cocaína transportada desde Bolivia. Días después, cinco suboficiales de la FACh intentaban mover cuatro kilos de ketamina a bordo de un avión institucional. La respuesta del gobierno fue tardía y confusa, especialmente en el caso de la Fuerza Aérea, que en un principio se negó a entregar la investigación a la justicia civil. No así de las instituciones armadas, pues fueron ellas las que descubrieron los hechos y dieron de baja a los involucrados.

Esta reacción ambigua no es casual. La izquierda chilena —y en particular sectores ligados al Partido Comunista— ha sostenido históricamente una desconfianza profunda hacia las FF. AA. No resulta irrelevante, entonces, que el actual subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, militante comunista, haya advertido hace meses sobre los «peligros» de involucrar a los militares en tareas de seguridad interior. Lo paradójico es que hoy esas instituciones, que el propio gobierno ha replegado al plano ornamental, se revelan como portadoras involuntarias de una de las amenazas más graves a la soberanía nacional.

En Hispanoamérica, los casos de cooptación de las FFAA por parte del narcotráfico no son nuevos. En México, la deserción de militares formados por el Estado derivó en la creación de Los Zetas, uno de los cárteles más sangrientos del hemisferio. En Venezuela, el llamado «Cártel de los Soles» involucra a altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana en redes de narcotráfico con protección estatal. En Colombia, múltiples investigaciones han vinculado a oficiales del Ejército y la Policía con grupos paramilitares y bandas narco como el Clan del Golfo.

Autores como Ioan Grillo, en su libro El narco: En el corazón de la insurgencia criminal mexicana (2011), explican cómo la militarización de la lucha antidrogas, sin controles institucionales fuertes, puede derivar en una asimilación paulatina del crimen organizado dentro de las fuerzas armadas. Por su parte, Robert Bunker, en Criminal Insurgencies in Mexico and the Americas (2012), sostiene que estos grupos no solo buscan lucrar, sino sustituir funciones estatales y capturar legitimidad.

Lo común a todos estos escenarios es la descomposición institucional, la corrupción estructural y la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. El resultado es una forma de «narco-Estado» donde las fronteras entre el poder legítimo y el criminal se desdibujan, y la política deviene rehén de intereses transnacionales.

Como bien ha señalado John Griffiths, investigador de AthenaLab, el combate al narcotráfico sin una reforma profunda del aparato de Inteligencia y sin control político estricto, puede derivar en la captura de la fuerza por el enemigo que se pretende combatir.

Esta advertencia se suma a las de Bruce Bagley y Jonathan Rosen, quienes en su obra Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today (2015), describen cómo los vacíos de soberanía y la impunidad judicial son los factores que más inciden en la penetración del narcotráfico en las instituciones públicas.

Y más recientemente, la investigadora Vanda Felbab-Brown, en su libro Narco Noir: Mexico's Cartels, Cops, and Corruption (Brookings Institution Press, 2016), demuestra que los grupos criminales modernos ya no buscan confrontar al Estado, sino colonizarlo, cooptando sectores estratégicos de sus aparatos coercitivos para operar desde dentro con legitimidad de facto y protección legal. Esa es, precisamente, la pesadilla que Chile debe evitar.

La ketamina, droga disociativa usada en el narcotráfico como base del llamado 'tusi' (cocaína rosa), circula en redes distintas a la cocaína. Si la cocaína apunta a rutas internacionales de exportación, la ketamina sugiere un foco local. El uso de recursos del Estado para movilizar ambas sustancias revela un patrón en ciernes: la explotación de las grietas institucionales en zonas sensibles del aparato estatal.

Las FFAA siguen siendo, junto a Carabineros, las instituciones con mayor prestigio ante la ciudadanía

Sería irresponsable afirmar que las Fuerzas Armadas chilenas han sido cooptadas estructuralmente por el narcotráfico. Además, según encuestas recientes, las FFAA siguen siendo, junto a Carabineros, las instituciones con mayor prestigio ante la ciudadanía.

No obstante, como advierte Mark Ungar en Policing Democracy (2011), cuando el Estado se muestra incapaz de asegurar disciplina y rendición de cuentas en sus propias fuerzas, la percepción de debilidad institucional se expande más rápido que los hechos concretos. Es esa percepción la que puede terminar legitimando la violencia narco como forma alternativa de orden.

Chile se encuentra ante un dilema decisivo. Puede elegir entre fortalecer su institucionalidad, profesionalizar su aparato de Inteligencia y revisar el rol real que quiere asignar a sus FFAA en un contexto de amenazas asimétricas. O puede repetir el camino de México y Venezuela, donde la retórica política de desmilitarización convive con redes narcoestatales dentro del propio poder.

No es casualidad que el narcotráfico crezca donde el Estado se retira, ni que penetre donde las FFAA son abandonadas a su suerte, sin reconocimiento ni exigencia. Y no deja de ser simbólicamente perturbador que mientras el presidente Boric se esfuerza en promover políticas de equidad de género en las FFAA, éstas estén siendo infiltradas por redes criminales de cocaína y ketamina.

El problema no es que las FFAA estén armadas. El problema es que, si las vaciamos de misión y sentido, otros sabrán para qué usarlas.