Netanyahu aprueba destituir a la fiscal que lo procesa por corrupción pero el Supremo paraliza la medida

El pulso entre el Gobierno de Benjamin Netanyahu y el poder judicial israelí ha vivido un nuevo episodio de alta tensión institucional. El Tribunal Supremo de Israel ha emitido una orden que impide al Ejecutivo destituir de facto a la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, después de que el gabinete votara de forma unánime a favor de su cese. La medida, sin precedentes en la historia reciente del país, fue inmediatamente congelada por la Justicia, que advirtió que no se podrán aplicar acciones para marginarla de sus funciones mientras delibera sobre la legalidad del proceso.

La decisión judicial llega en medio del enfrentamiento abierto entre el primer ministro y la fiscal general, designada en 2022 por el anterior Gobierno. Baharav-Miara lidera la acusación contra Netanyahu en tres causas de corrupción abiertas en su contra desde 2019. Desde su retorno al poder a finales de 2022, el jefe del Ejecutivo ha ido endureciendo su postura frente a la magistrada, a la que acusa de obstaculizar la acción del Gobierno y de actuar con motivaciones políticas.

Aunque el Supremo todavía debe pronunciarse de forma definitiva, el Ejecutivo ya había anticipado su intención de apartar a Baharav-Miara de las decisiones clave sin esperar la resolución. Según informó el diario The Times of Israel, el entorno de Netanyahu barajaba excluirla de reuniones estratégicas y reducir su capacidad operativa, una maniobra que la Corte ha impedido por el momento.

La figura de la fiscal general ocupa un lugar central en el frágil equilibrio de poderes del Estado israelí. En ausencia de una Constitución escrita y con un Parlamento unicameral dominado por el oficialismo, el cargo actúa como contrapeso institucional al Ejecutivo, con la misión de garantizar el Estado de derecho y supervisar a los ministros.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, uno de los principales promotores de la reforma judicial que el año pasado desató masivas protestas en las calles de Israel, justificó la decisión del Gobierno alegando que «no se puede aceptar una situación en la que el Tribunal imponga un asesor legal que actúe contra el Ejecutivo, con quien no hay cooperación y que lo frustra constantemente». Para sus aliados, la fiscal representa un freno ideológico a su visión de país, especialmente en lo que respecta a la ampliación del proyecto de un «Estado judío pleno» en todo el territorio, incluida Cisjordania.