Pedro Sánchez y Li Qiang, primer ministro de China
El Congreso de EE.UU. abre una investigación y amenaza con sanciones a España por el contrato con Huawei
El caso podría elevarse a nivel federal y abrir la puerta a posibles sanciones tecnológicas o restricciones comerciales
Es obvio que las relaciones entre la Administración Trump en Estados Unidos y el Gobierno de Pedro Sánchez en España no son las mejores. El presidente socialista, a diferencia de otros muchos líderes europeos, no ha visitado todavía la Casa Blanca. Tampoco se le espera a corto plazo. Para añadir leña al fuego, el contrato que el Ministerio del Interior adjudicó a Huawei, por valor de más de 12 millones de euros, para gestionar las escuchas telefónicas con autorización judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha terminado de enturbiar la relación.
Dos congresistas republicanos en Estados Unidos —Richard Hudson de Carolina del Norte, y Gus Bilirakis de Florida— enviaron el pasado 8 de agosto una carta al secretario de Comercio, Howard Lutnick, solicitando una investigación formal a España y advirtiendo que el contrato con Huawei representa una «amenaza» para la seguridad nacional y el comercio digital en el país norteamericano. Este acto eleva el caso a nivel federal y también abre la puerta a posibles sanciones tecnológicas o restricciones comerciales. «Estoy profundamente preocupado por las informaciones de que España ha contratado a Huawei para gestionar y almacenar datos sensibles de escuchas judiciales», ha advertido el congresista Bilirakis.
En la carta enviada a Lutnick, los congresistas republicanos también destacan la dimensión comercial del problema y recuerdan que la Unión Europea es el principal destino de las exportaciones digitales estadounidenses, que sostienen más de tres millones de empleos en Estados Unidos.
No es la primera vez que este tema trae cola en Estados Unidos. El mes pasado, varios políticos ya pidieron revisar los acuerdos de intercambio de información secreta con España, temerosos de que ésta ahora pueda caer en manos de China. Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, abrió una investigación formal cuyo informe estará listo en los próximos días. Es decir, Estados Unidos le ha dado a España hasta el 31 de agosto para revertir el contrato.
Si la investigación prospera y el Gobierno de Sánchez no se echa atrás, España podría ser incluida en la lista de países que permiten a Huawei acceder a infraestructuras críticas, un estatus que hasta ahora estaba reservado para países con vínculos estrechos con Pekín y fuera del marco de la OTAN.
Por ahora, el Ejecutivo español defiende la adjudicación asegurando que el sistema contratado, el OceanStor 6800V VS, es un almacén digital completamente estanco, sin conexión exterior, lo que imposibilitaría la fuga de información. Las escuchas que allí se almacenan, recalcan, corresponden a investigaciones judiciales, no a operaciones de espionaje o contraespionaje. En consecuencia, no habría riesgo de comprometer secretos de la OTAN o de aliados. Sin embargo, en Washington esas explicaciones no resultan convincentes.
La cara oculta del contrato con Huawei
La adjudicación del contrato a Huawei no solo ha generado fricciones con Washington, sino también una fuerte controversia política en España. El Partido Popular ha denunciado que la operación responde a los vínculos históricos entre el PSOE y la tecnológica china, apuntando directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, el contrato es una muestra de hasta dónde llega el «zapaterismo» dentro del actual Ejecutivo. Ezcurra recordó que el primer acuerdo con Huawei se firmó bajo el mandato de Zapatero y subrayó que antiguos colaboradores suyos, como José Blanco o Antonio Hernando, han tenido relación con la compañía a través de la consultora Acento, encargada de ejercer presión en Bruselas para la multinacional.
Los populares también han señalado que incluso familiares del expresidente se han beneficiado de contratos con la empresa y han advertido de un posible «retiro dorado» de Zapatero gracias a sus vínculos con regímenes autoritarios.
El trasfondo de esta polémica se remonta a 2005, cuando Zapatero selló con el entonces presidente chino, Hu Jintao, una «gran alianza» entre Madrid y Pekín. En los años siguientes, China se convirtió en uno de los principales compradores de deuda española durante la crisis financiera y consolidó su influencia en sectores estratégicos. Desde entonces, Huawei ha reforzado su presencia en España, estableciendo lazos con figuras políticas de distinto signo.