La purga interna de la dictadura de Nicaragua fortalece el poder de la «copresidenta» Rosario Murillo

Típico en los regímenes comunistas de China y Corea del Norte, donde las purgas internas tienen lugar cada cierto tiempo, la dictadura de Nicaragua tiene en curso una depuración del régimen, bajo el argumento de combatir la corrupción.

Hace dos semanas la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la captura del exasesor económico Bayardo Arce y la semana pasado la Procuraduría General de Justicia, órgano de persecución judicial sandinista, acusó de lavado de dinero al general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, un antiguo asesor de Ortega y le canceló la concesión que éste tenía de una planta de generación de energía geotérmica.

La Procuraduría acusó a Baltodano Cantarero, quien era el delegado presidencial nicaragüense para las inversiones, así como a su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy, de crear «20 sociedades de papel» para lavar dinero y evadir impuestos.

Los Baltodano, padre e hijo, fueron detenidos por la Policía luego de que Ortega ordenada, el pasado 19 de julio, «capturar» y «procesar» a quienes «conspiren» contra su Gobierno, a los que tildó de «terroristas, conspiradores y vendepatrias».

En una declaración, la representación legal del Estado justificó que canceló de forma definitiva el contrato de concesión de explotación de recursos en la Planta Geotérmica Momotombo, que era operada por la empresa Mototombo Power Company, a cargo de los acusados y ahora antiguos empresarios cercanos al régimen.

«Esta decisión se fundamenta en las evidencias recabadas por las autoridades de la Policía Nacional y esta Procuraduría General, que demuestran la vinculación directa de la empresa Momotombo Power Company; con un entramado societario, que contemplaba la utilización de aproximadamente '20 sociedades de papel' (maletín: sin activos, ni presencia física significativa)», indicó la institución.

Según la Procuraduría, esas sociedades de «maletín» fueron diseñadas por los acusados, junto a «otros», cuyo nombres no proporcionó, «para lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal contra la Hacienda Pública, a través de la referida empresa y otras sociedades que los acusados constituyeron mayoritariamente en jurisdicciones extranjeras, calificadas como paraísos fiscales por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)».

«La empresa traicionó al pueblo»

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas órgano rector del sector energético del régimen Ortega Murillo, «previas indagaciones; corroboró que la empresa Momotombo Power Company, incumplió con su obligación de realizar inversiones que potenciaran la máxima operación del recurso geotérmico; que permitiera se alcanzará un nivel de producción de energía de 37-40 megavatios».

La cartera también se corroboró, que la empresa Momotombo Power Company tampoco ejecutó las obras acordadas en el contrato para dicho fin, agregó.

«Las investigaciones policiales y del Ministerio de Energía y Minas revelaron que esta empresa no solo traicionó la confianza del pueblo y el Estado de la República de Nicaragua, sino que se valió de un recurso estratégico de la nación, como plataforma para concretar los propósitos criminales» de los acusados, «lo que constituye una afrenta directa al patrimonio nacional, a la legalidad y al pueblo de Nicaragua», señaló.

La Procuraduría anunció que procederá a la judicialización «de todos sus responsables, sean estos personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras».

Según señaló a Efe, el analista político nicaragüense desnacionalizado Óscar René Vargas el encarcelamiento de los Baltodano forma parte de una ruptura en los anillos del poder en la transición del 'orteguismo' al 'murillismo' eliminando viejos cuadros sandinistas que en el caso de muerte de Ortega no apoyarían las decisiones de Murillo.

Represión continua y «sin límites»

En paralelo, más de una veintena de opositores al régimen sandinista fueron detenidos en una nueva «redada», según denunció la organización Monitoreo Azul y Blanco.

Hasta el 15 de julio pasado, al menos 54 disidentes y críticos con el régimen de Nicaragua seguían en las cárceles del país, incluidos dieciocho adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una coordinadora de activistas de derechos humanos cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, el 13 de agosto, la «copresidenta» Murillo informó que habían expropiado en Nicaragua un colegio que pertenecía a la orden religiosa Congregación Hermanas Josefinas, donde, según dijo –sin presentar pruebas–, se «torturó y asesinó a compañeros» sandinistas en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la expropiación es «una prueba más de que la perversidad de la dictadura» de los «tiranos» esposos y copresidentes «no tiene límites».

Nicaragua está sumida en una ola represiva desde abril de 2018 y la consolidación de la dictadura que se acentuó tras el fraude electoral de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007 se adjudicó un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traidores a la patria». «Una prueba más de que la perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites. Rosario Murillo acaba de confiscar otro colegio religioso, el colegio San José, de Jinotepe», señaló esa oficina adscrita al Departamento de Estado, a través de su cuenta en X.