Uno de los jueces del Supremo pide absolver de todo a Bolsonaro en el proceso por intento de golpe de Estado

El proceso judicial contra Jair Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado dio un giro inesperado este miércoles, cuando el magistrado Luiz Fux, integrante de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, se apartó de la línea marcada por los dos primeros jueces y absolvió al expresidente brasileño de todas las acusaciones. Con esta decisión, el juicio entra en su fase decisiva, pendiente únicamente de los votos de los magistrados Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, previstos para este jueves.

En un extenso dictamen que se prolongó durante más de trece horas, Fux sostuvo que la acusación presentada por la Fiscalía carece de solidez y que se apoyó en «meras conjeturas» sin pruebas suficientes. El juez cuestionó de manera directa al instructor del caso, Alexandre de Moraes, y advirtió sobre una «cierta incoherencia» en la construcción de la denuncia. A su juicio, no existen elementos que demuestren que Bolsonaro lideró una trama para perpetuarse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes de entrar en el fondo, Fux planteó incluso la nulidad del proceso por un aspecto técnico: los acusados ya no eran aforados cuando se presentaron las denuncias, lo que, según él, debería trasladar el caso a la primera instancia. También denunció limitaciones al derecho de defensa, señalando que los abogados tuvieron que enfrentarse a un volumen de 70 terabytes de información sin el tiempo adecuado para su análisis.

Al analizar los delitos, Fux fue categórico: rechazó que hubiera tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, descartó la existencia de una organización criminal y negó cualquier vínculo de Bolsonaro con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Para el magistrado, en los hechos solo se contempló la posibilidad de medidas excepcionales, lo que no constituye un delito. Tampoco avaló usar entrevistas o discursos de Bolsonaro como prueba incriminatoria, pues los amparó bajo la libertad de expresión. «No corresponde a ningún juez asumir el papel de inquisidor», sentenció.

En consecuencia, absolvió también a cinco de los acusados que acompañaban al exmandatario, con la excepción del exedecán Mauro Cid y del exministro Walter Braga Netto, para quienes propuso una condena limitada a uno de los cinco cargos que pesaban sobre ellos.

Este posicionamiento rompe con la jurisprudencia previa del propio Fux, quien en procesos anteriores vinculados a la asonada golpista había defendido la competencia del Supremo y avalado condenas severas, con penas de hasta 17 años de cárcel.

El martes, en contraste, Alexandre de Moraes había presentado un voto acusatorio contundente, situando a Bolsonaro como el «líder» de la conspiración, seguido por el magistrado Flávio Dino, quien también respaldó la condena, aunque sugirió penas más bajas para algunos de los procesados.

Bolsonaro enfrenta cinco delitos que, en conjunto, podrían traducirse en una pena máxima cercana a los 40 años de prisión. Por motivos de salud, el expresidente sigue el juicio desde su domicilio, en régimen de prisión preventiva, a la espera de someterse este fin de semana a una pequeña intervención médica para extirpar lesiones cutáneas.

La trascendencia política del caso ha traspasado fronteras. Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la libertad de expresión constituye una «prioridad» para el Gobierno de Donald Trump, quien, aseguró, «no tiene miedo de usar el poder económico y militar» de Estados Unidos para protegerla «en todo el mundo». La respuesta del Ejecutivo de Lula fue breve pero clara: «El primer paso para proteger la libertad de expresión es justamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas».