El envío de la Guardia Nacional a ciudades gobernadas por demócratas es cada vez más recurrente
El despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y Portland a petición de Trump provoca una tensión institucional en EE.UU.
El gobernador texano Greg Abbott autoriza el despliegue de 400 efectivos para respaldar las redadas migratorias, mientras varios estados denuncian una invasión inconstitucional y los tribunales evalúan frenar la medida
El envío de tropas de la Guardia Nacional de Texas a otros estados, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y autorizado por el gobernador republicano Greg Abbott, ha desencadenado una nueva crisis política y judicial en el país. La decisión pretende reforzar la seguridad de los agentes federales durante las redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), principalmente en Chicago (Illinois) y Portland (Oregón), donde se han registrado protestas masivas contra las operaciones.
Abbott comunicó su autorización la noche del domingo a través de la red social X, precisando que ponía a disposición del Gobierno federal hasta 400 miembros de la Guardia Nacional «para proteger a los agentes federales». El Pentágono respaldó la medida en un memorando interno, pidiendo que Texas coordinara el envío con las autoridades federales ante el riesgo de disturbios.
El despliegue, sin embargo, ha desatado una fuerte oposición en los estados afectados. En Illinois, el Gobierno estatal y la ciudad de Chicago presentaron una demanda para frenar la movilización, alegando que la intervención viola la soberanía estatal. La jueza federal April M. Perry se negó este lunes a bloquear de inmediato el despliegue, aunque anunció que continuará analizando el caso en una audiencia prevista para el jueves. Según funcionarios federales, los efectivos procedentes de Texas llegarán a Illinois entre martes y miércoles y recibirán entrenamiento antes de iniciar sus operaciones.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, calificó la medida de «invasión inconstitucional», criticando que «los miembros de la Guardia Nacional son soldados, no policías». En la misma línea, el fiscal general del estado, Kwame Raoul, acusó al presidente de «exceder su autoridad», asegurando que «no hay fundamento legal para federalizar ni desplegar tropas en este contexto».
Tropas de la Guardia Nacional en Washington
A su vez, en Oregón, un juez federal dictó una orden temporal que bloquea el envío de tropas a ese estado, reforzando los cuestionamientos legales al Gobierno. El fallo cita el Posse Comitatus Act, ley que prohíbe a las fuerzas armadas participar en tareas de seguridad pública dentro del territorio estadounidense, salvo bajo la Ley de Insurrección, que solo puede aplicarse si un gobierno estatal la solicita, lo que no ha ocurrido.
El conflicto se produce en medio de un clima de creciente tensión social. En los últimos días, ICE ha ejecutado redadas en barrios y lugares de trabajo en Chicago, deteniendo tanto a migrantes con y sin documentación como a ciudadanos estadounidenses. Las operaciones provocaron protestas en varias zonas de la ciudad, especialmente después de que una mujer resultara herida por disparos de agentes federales en el área de South Side.
Desde el Partido Demócrata de Texas, su líder Kendall Scudder criticó duramente la actuación de Abbott, acusándolo de «buscar desesperadamente la aprobación de Trump» y de «participar en una maniobra política peligrosa». Diversas organizaciones de derechos humanos también denunciaron la medida, advirtiendo que el uso de tropas dentro del país supone «un grave precedente de militarización y abuso de poder».
Este episodio recuerda a los intentos del Gobierno federal de desplegar militares en California durante las protestas migratorias de 2023, acción que fue frenada por la justicia tras considerar que Trump y su secretario de Guerra, Pete Hegseth, intentaban consolidar «una fuerza policial nacional controlada por el presidente».
