El Congreso de Perú acelera la destitución de Boluarte y la cita de urgencia para defenderse ante una moción por «incapacidad moral»

El Congreso de la República del Perú decidió este jueves activar un proceso de destitución acelerado contra la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar por amplia mayoría cuatro mociones de vacancia presentadas durante la jornada. Con 113 votos a favor, el pleno aceptó tramitar las solicitudes que buscan declarar a la mandataria «incapaz moral de ejercer el cargo», y con 118 votos decidió convocarla de inmediato para que ejerza su defensa, en una sesión extraordinaria programada para las 23:30 horas.

Boluarte deberá presentarse acompañada de su abogado, Juan Carlos Portugal, para exponer sus argumentos durante un plazo de una hora antes de que el Parlamento vote su continuidad o su destitución definitiva. Para cesarla del cargo se requieren 87 votos de los 130 congresistas, un umbral que, según diversas fuentes parlamentarias, podría alcanzarse dada la pérdida de apoyos de la presidenta entre sus antiguos aliados.

Aunque la ley establece que la sesión de defensa debe realizarse entre el tercer y décimo día después de admitir la moción, el Congreso aprobó acelerar el procedimiento, lo que convierte este proceso en uno de los más veloces de la historia reciente del país. La medida evidencia la ruptura política entre Boluarte y las bancadas de derecha que hasta ahora la habían sostenido en el poder desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2022.

Detrás de las mociones se encuentran partidos conservadores y de derecha con aspiraciones presidenciales para los comicios generales de 2026, como Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, y Podemos Perú, del empresario José Luna. Estas agrupaciones, que fueron soporte político del actual Ejecutivo, ahora exigen un cambio de rumbo y acusan a Boluarte de haber perdido el control ante la creciente inseguridad y el avance del crimen organizado.

La presidenta, que asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo, enfrenta además un severo desgaste político y social. Según las encuestas más recientes, su aprobación se mantiene en apenas 3 %, la más baja de cualquier mandatario en Latinoamérica. Las protestas de 2023, en las que murieron más de 50 personas durante la represión de manifestaciones que exigían nuevas elecciones, marcaron el punto más crítico de su gestión y le valieron acusaciones por violaciones a los derechos humanos y presuntos casos de corrupción.

Boluarte llegó al poder como vicepresidenta de Castillo, quien intentó disolver el Congreso en un fallido golpe de Estado que terminó con su arresto. Su ascenso fue visto entonces como una salida institucional, pero su posterior acercamiento a las fuerzas conservadoras y su distanciamiento del proyecto político de izquierda que la llevó al Ejecutivo dejaron a su Gobierno sin una base sólida.

De confirmarse la vacancia presidencial, el presidente del Congreso asumiría el mando de forma interina hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Sería así el séptimo presidente que pasa por el Palacio de Gobierno desde 2016, una lista que incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la propia Boluarte.

El episodio confirma una vez más la fragilidad institucional del Perú, donde la constante confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha derivado en una inestabilidad crónica. En un contexto de descontento social, falta de confianza en las instituciones y una economía que muestra signos de estancamiento, el futuro político del país vuelve a quedar en manos del Congreso, mientras Dina Boluarte enfrenta su noche más decisiva desde que asumió la Presidencia.