La doctrina R2P, la obligación internacional que EE.UU. cumpliría en Venezuela

para algunos, las medidas de coerción militar de Estados Unidos contra la dictadura de Nicolás Maduro resultan extremas o desproporcionadas ignorando con bastante rapidez lo que 27 años de chavismo ha provocado en Venezuela (asesinatos, torturas, presos políticos, ocho millones de desplazados) y la burla a las vías del diálogo y mecanismos diplomáticos.

Si bien el Gobierno del presidente Donald Trump ha insistido en que la acción militar desplegada en el Caribe no se trata de una misión libertadora o de cambio de régimen sino de un asunto de Defensa y persecución judicial de líderes del narcotráfico acusados en tribunales estadounidenses, muchos en Venezuela, sobre todos las víctimas de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad, no dejan de verlo como un acto necesario y de justicia.

De acuerdo con el opositor venezolano en el exilio, Antonio Ledezma, «el régimen de Maduro proporciona razones suficientes para activar el concepto de Responsabilidad de Proteger (R2P) de las Naciones Unidas». Pero, ¿qué implica este concepto o doctrina?

Tras el genocidio de Ruanda en 1994 y las guerras de Yugoslavia (1991-1995), con episodios de violencia étnica, se criticó que la comunidad internacional no actuó para detenerlas. En esos casos quedó claro que la inacción del resto de países ayudó a provocar más sufrimiento y muertes.

Una década más tarde de esas tragedias y con el propósito de evitar nuevas crisis humanitarias, los estados adoptaron la doctrina R2P en la Cumbre Mundial de 2005 y fundaron la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger.

Visto como un compromiso internacional jurídicamente vinculante, la Responsabilidad de Proteger o R2P, cuestionó la hasta entonces 'sagrada noción' de la soberanía del Estado esgrimido constantemente por la izquierda internacional estableciendo que, si una nación no logra proteger a sus ciudadanos de un daño grave, la comunidad internacional tiene la obligación de intervenir.

La doctrina R2P se basa en tres pilares fundamentales: la responsabilidad del Estado de proteger, la ayuda interna y el desarrollo de capacidades para cumplir su deber y por último la obligación internacional de dar una respuesta oportuna y decisiva por parte de la comunidad internacional, colectividad en la que se incluyen muchos regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos.

Sobre este último pilar, la obligación de actuar, se mandata a intervenir dentro de la jurisdicción de los gobiernos nacionales en caso de que el Estado fracase de forma evidente en su labor de protección. En este sentido, las Naciones Unidas ha de intervenir con las medidas pertinentes, que pueden incluir, en última instancia, la acción militar que, como se vio en el caso de Libia en 2011, debería ser autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia tienen poder de veto.

Si bien la doctrina R2P prioriza la prevención, y permite responder con mecanismos pacíficos como la negociación, la mediación o el arbitraje, sanciones políticas y económicas, reserva la fuerza como último recurso.

La dictadura de Venezuela, con un fraude electoral descarado el 28 de julio de 2024, 16 diálogos o negociaciones traicionadas solo para ganar tiempo y el intento de engaño a la justicia internacional para evadir responder ante sus crímenes, ha agotado todas las vías políticas y diplomáticas.

Obviamente, la aplicación de la doctrina R2P se ve influenciada más por intereses políticos y dinámicas de poder que por un imperativo humanitario, y el caso de Venezuela no es la excepción.

Es muy probable que Rusia y China bloquearían cualquier medida de este tipo contra su aliado bolivariano, por lo que la administración estadounidense, aun teniendo la posibilidad de esgrimir esta doctrina ha optado actuar unilateralmente amparado en otro doctrina, la legítima defensa y el interés de seguridad nacional.

Si bien los objetivo declarados de Trump y Marco Rubio en Venezuela no están enmarcados en la doctrina R2P, los beneficios de capturar y enjuiciar a la cúpula chavista por narcoterrorismo van más allá de los intereses nacionales de Estados Unidos e impactarán positivamente en los derechos humanos (libertad, seguridad, dignidad, elegir y ser electo, justicia, garantías del debido proceso, etc.) de 28 millones de venezolanos incluyendo a la diáspora más grande en la historia de la humanidad, que supera los ocho millones de exilados, desplazados y expulsados por el fracaso socialista.

Los demás países, incluyendo las «democracias avanzadas», que tienen fuerza diplomática e incluso militar, deberían cumplir con su deber de actuar conforme la doctrina R2P y ayudar a poner fin a la tiranía y el oprobio que desangra a Venezuela desde hace décadas.