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Varios españoles entre los acusados en Lituania de sabotear ayuda militar con destino a Ucrania
Seis extranjeros están en prisión preventiva en Lituania por un atentado fallido contra material destinado al Ejército ucraniano, en un caso que las autoridades ligan a la Inteligencia militar rusa
La Fiscalía de Lituania ha remitido a la justicia a seis ciudadanos extranjeros –entre ellos españoles, colombianos y cubanos– acusados de terrorismo por su participación en un intento frustrado de sabotaje contra material militar destinado a Ucrania en 2024.
El caso, que ahora recae en el Tribunal Regional de Šiauliai, incorpora también indicios de una red de acciones coordinadas en otros países de la Unión Europea.
El foco de la investigación es la empresa UAB TVC Solutions, ubicada en la ciudad lituana de Šiauliai, que suministra equipos de radio destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas. Según la Fiscalía, en septiembre de 2024 un grupo de personas intentó incendiar las instalaciones con la intención de dañar estos equipos. Fracasaron en dos ocasiones y no consiguieron causar daños materiales.
El primer intento de sabotaje habría tenido lugar el 17 de septiembre de 2024, cuando dos hombres –un ciudadano español y otro con doble nacionalidad española y colombiana– viajaron con material incendiario hasta el lugar, pero fueron vistos por transeúntes y decidieron abandonar su plan, huyendo posteriormente a Letonia, donde fueron detenidos y extraditados a Lituania.
Pocos días después, el 22 de septiembre de 2024, otros dos sospechosos –uno de Rusia y otro de Bielorrusia, residentes en España– se desplazaron a Šiauliai con la misma intención, aunque en ese caso no lograron provocar el incendio por insuficiencia del material utilizado. La tercera pieza del grupo es una ciudadana cubana que habría acudido al lugar para evaluar los supuestos daños, y que fue detenida mientras intentaba salir del país.
Además, cuatro individuos adicionales están bajo investigación por presunta vinculación en la coordinación del plan. Uno de ellos ha sido detenido en Colombia y está en proceso de extradición, mientras que los otros tres sospechosos siguen prófugos, entre ellos dos varones cubanos –uno con doble ciudadanía rusa- y una mujer con doble nacionalidad cubana y española.
Vínculos con Rusia
Las autoridades lituanas han señalado que el grupo habría actuado bajo la dirección de personas con residencia en Rusia y con vínculos con la Inteligencia militar rusa. La Fiscalía ha asegurado que la evidencia preliminar permite «motivos razonables para sospechar» que el atentado fue llevado a cabo «por órdenes del GRU y en su beneficio». No obstante, estas conexiones aún no han sido probadas en juicio y corresponden a la acusación fiscal. Rusia, como suele ser habitual en este tipo de casos, no ha emitido una declaración oficial ni se ha pronunciado sobre el caso.
El caso fue formalmente presentado al Tribunal Regional de Šiauliai hace unos días, tras la elaboración de la acusación por parte del fiscal jefe del Departamento de Investigación de Crimen Organizado y Corrupción, Artūras Urbelis. Los seis acusados enfrentan cargos por: participación en un grupo terrorista; intento de cometer un acto terrorista y financiación de actividades terroristas.
En la legislación lituana, la participación en una organización terrorista conlleva penas de entre cinco y quince años de prisión. El tribunal, ahora, deberá decidir si admite la acusación y si da paso a un juicio formal. Hasta el momento, no se ha hecho pública ninguna declaración de otros magistrados del tribunal sobre el caso, más allá del hecho de que la causa ya se encuentra bajo revisión judicial activa.
Según la Fiscalía, el atentado no tenía un motivo criminal común ni se enmarcaba en disputas comerciales: el objetivo era intimidar a la sociedad europea y obstaculizar el apoyo occidental a Ucrania en defensa frente a la invasión rusa. Se considera que el grupo pudiera haber estado implicado en otras acciones de sabotaje similares en República Checa, Polonia y Rumanía; dirigidas a autobuses, infraestructuras petroleras y edificios públicos.
Las autoridades han indicado que algunos de los involucrados podrían haber recibido pagos por su participación en estos supuestos actos, aunque no se han difundido cifras oficiales detalladas en los comunicados públicos.
La justicia lituana, con el apoyo de colaboraciones internacionales, ahora deberá dilucidar en el tribunal si la acusación se sostiene y qué responsabilidad penal, si es que la hay, corresponde a cada uno de los implicados.
