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Daniela Brik
CrónicaDaniela Brik

La «trumpada» de aranceles de Daniel Noboa a Gustavo Petro

La medida de aplicar el 30 % anunciada por el presidente de Ecuador entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026 bajo el argumento de que Bogotá no hace lo suficiente en materia de lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común

Daniel Noboa y Gustavo Petro en el COP16 Summit en Cali, Valle del Cauca

Daniel Noboa y Gustavo Petro en el COP16 Summit en Cali, Valle del Cauca, en un foto de archivoAFP

Donald Trump ya tiene imitadores al sur del continente americano. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles desde el Foro Económico de Davos una medida arancelaria, en este caso una «tasa de seguridad» del 30 %, a las importaciones colombianas por lo que Quito considera una falta de cooperación para hacer frente al narco.

La decisión no ha tardado en recibir respuesta por parte de Colombia, que impondrá un arancel similar y recíproco a los productos ecuatorianos. De esta manera, se abrió la veda en la región a la utilización de esta herramienta de presión económica en un contexto de crisis de seguridad y desconfianza bilateral.

La medida anunciada por Noboa entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2026 bajo el argumento de que Bogotá no hace lo suficiente en materia de lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. Una nueva vuelta de tuerca en la disputa diplomática y comercial abierta entre los dos vecinos.

Según el mandatario ecuatoriano, «esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume».

Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales, manifestó que el arancel era un «instrumento transitorio orientado al restablecimiento del equilibrio de las condiciones de intercambio» comercial.

Más allá de los detalles técnicos, la decisión tiene múltiples lecturas: política, económica, de seguridad y geoestratégica. En muchos sentidos, la decisión de Noboa evoca el más puro estilo de Trump y ha encendido un duro debate acerca de las motivaciones para adoptar semejante decisión en momentos en los que Ecuador vive su pico más alto de homicidios.

A esto se suma la inestabilidad regional por la situación en Venezuela y las ramificaciones de la intervención de EE.UU. en el futuro de las rutas del narcotráfico, y cuando Colombia y México se encuentran en la mira de Washington como plataformas exportadoras de cocaína y fentanilo, respectivamente.

Entre la seguridad y la presión diplomática

La justificación oficial de Ecuador descansa en una narrativa que combina emergencia de seguridad interna y una percepción de falta de reciprocidad por parte de Colombia. Quito argumenta que, en una frontera de cerca de 600 kilómetros, los grupos criminales vinculados al narcotráfico operan con creciente impunidad, mientras sus fuerzas armadas afrontan estos desafíos prácticamente en solitario.

Se trata de un territorio selvático y enormemente poroso que ha sufrido la ausencia de ambos estados durante años, según denuncias de sus pobladores. Pero el reclamo del presidente ecuatoriano no es baladí, se inserta en un contexto de violencia interna alarmante en el que las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de ilícitos juegan su papel.

Ecuador cerró 2025 con más de 9.200 homicidios intencionales, un aumento de más del 30 % respecto a 2024

Según datos oficiales, Ecuador cerró 2025 con más de 9.200 homicidios intencionales, un aumento de más del 30% respecto a 2024. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes y varones, en sucesos que van desde masacres y sicariatos hasta asesinatos dentro de prisiones y víctimas colaterales de la violencia cotidiana.

En el poder desde noviembre de 2023, Noboa ha centrado gran parte de su gestión en combatir al crimen organizado, con tímidos resultados iniciales pero insostenibles a la larga. Para ello declaró estados de emergencia, movilización de soldados y militarización de zonas fronterizas como San Lorenzo. En esta ocasión, ha ido más allá de la lógica tradicional de presión diplomática, y el nuevo arancel se presenta como una respuesta política interna y un mensaje de mano férrea contra el crimen organizado transnacional.

Respuesta de Colombia

La reacción de Bogotá ha sido acorde. El Gobierno colombiano calificó la medida como una «agresión económica» y anunció la imposición de aranceles del 30% sobre productos ecuatorianos específicos. En un escenario donde Ecuador enfrenta un déficit comercial con Colombia que supera los 1.000 millones de dólares anuales, estos aranceles representan un riesgo real para productores y consumidores en ambas economías.

El anuncio del presidente Noboa se produjo además después de que el mandatario colombiano pidiera nuevamente liberar al exvicepresidente ecuatoriano correísta Jorge Glas, con quien Petro comparte ideario. «Igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glas debe ser liberado», escribió Petro, asegurando que su estado físico «demuestra que sufre de tortura sicológica».

Colombia afronta momentos de incertidumbre regional por la inestabilidad en Venezuela, al norte, y ahora su enésima crisis con Ecuador, al sur. En la región andina, grupos armados como el ELN y sus disidencias no se limitan a operar en Colombia: además de su conocido papel en Venezuela, han expandido su influencia hacia zonas fronterizas del norte de Ecuador, donde participan en narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Quito ha clasificado a estas facciones, como los Comuneros del Sur, como parte de los «grupos armados organizados» que afectan su seguridad interna.

La permeabilidad del espacio transfronterizo con Venezuela significa que cualquier reconfiguración de poder en ese país puede generar desplazamientos y ajustes estratégicos entre estas organizaciones, reforzando la complejidad del problema que enfrentan tanto Ecuador como Colombia.

¿Por qué ahora? Entre la política interna y la proyección internacional

El momento elegido no es casual. Lo ocurrido en Davos y la referencia abierta de Noboa a una «guerra total contra el narcoterrorismo» buscan proyectar dureza y determinación internacionalmente. Esta narrativa guarda similitudes con la de la administración Trump, con quien Noboa ha manifestado afinidad política y con quien mantiene relación tras asistir a su toma de posesión en Washington hace un año.

País situado entre los dos grandes productores de cocaína, Colombia y Perú, y que sirve como vía de tránsito hacia Estados Unidos y Europa, Ecuador se ve en el centro de las rutas del narcotráfico. En este marco, la decisión de Noboa podría interpretarse como un intento de marcar distancia y elevar el tono sobre la problemática del narcotráfico frente a otros mandatarios regionales, justo cuando Estados Unidos realiza sobrevuelos y ataques a lo que califica de narcolanchas.

Impacto económico y social

Las implicaciones de estos aranceles tienen dimensiones económicas concretas. Colombia es un socio comercial clave para Ecuador dentro de la Comunidad Andina, espacio subregional que integran junto a Perú y Bolivia, donde la integración económica ha sido un principio rector durante décadas. La introducción de barreras arancelarias de envergadura rompe con la dinámica de intercambio que había caracterizado la relación bilateral, especialmente en sectores sensibles como el energético y bienes de consumo.

La respuesta colombiana, diseñada para contrarrestar la acción ecuatoriana, también pone presión sobre sectores productivos en ambos países, que ya enfrentan incertidumbres globales y regionales. Para Ecuador, un país con economía dolarizada y estrechos vínculos comerciales, un conflicto arancelario con su principal vecino puede traducirse en aumentos de costos, interrupciones en las cadenas de suministro y tensiones con sectores exportadores e importadores.

Andersson Boscán, cofundador y periodista de investigación del digital ecuatoriano La Posta, apunta en X: «Colombia es el peor socio comercial del Ecuador, Petro se mete a diario con la política interna y si, finalmente, decidiera retaliar por el lado de la electricidad, Ecuador lo haría por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados). La seguridad necesita diálogo, pero sobre todo acciones. Y el norte es arco abierto.»

Sobre la disputa, el columnista colombiano Camilo Gómez Forero, escribe en El Espectador que Noboa «ahora exige a Colombia cubrir un vacío que tampoco quiere llenar, para tapar una estrategia de seguridad marcada por el fracaso».

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