Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional saliendo del Tribunal de Apelaciones de París
Francia
La Fiscalía pide mantener los cinco años de inhabilitación contra Le Pen pero sin ejecución inmediata
Además, ha solicitado cuatro años de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa
La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París ha solicitado este martes que se condene a la líder de Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, los mismos que en primera instancia, pero sin ejecución inmediata. Además, ha solicitado cuatro años de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa.
«Solicitaremos penas de inhabilitación (...) No hace falta disimular un falso suspense», había adelantado Thierry Ramonatxo, el primer abogado general en intervenir en el Tribunal de Apelación de París al inicio la requisitoria que se celebra este martes y que se espera que se prolongue más de cinco horas.
Marine Le Pen fue condenada en marzo de 2005 a una pena que incluía cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata para ejercer cargo público, lo que bloquearía por el momento su ambición de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales de 2027, de las que es favorita.
Antes de comenzar la sesión, la política francesa, confesó a la prensa que «nunca» espera una «sorpresa agradable» al pisar un tribunal, pero aún cree en los «milagros».
«Nunca espero una sorpresa agradable al pisar un tribunal», comentó Le Pen, que fue condenada en primera instancia a cinco años de inhabilitación para ejercer cargo público, lo que bloquea por el momento su ambición de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales en 2027.
En este juicio en apelación, que comenzó el pasado 13 de enero, Le Pen busca revertir la condena dictada en primera instancia en marzo de 2025 por malversación de fondos públicos de la Eurocámara, que le impuso cuatro años de cárcel –dos exentos de cumplimiento– y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.
En primera instancia, los jueces consideraron probado que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiación ilegal de su partido, mediante el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016. El perjuicio estimado para la Eurocámara fue de más de cuatro millones de euros.
La líder de RN admitió entonces errores administrativos, pero negó que existiera un sistema organizado de desvío de fondos. También reconoció que su padre, Jean-Marie Le Pen, ideó el modelo de «mutualización» de asistentes parlamentarios, aunque lo consideró una práctica corriente y no irregular.
En el juicio de apelación, Le Pen adoptó una estrategia de defensa basada en la involuntariedad y la buena fe. «Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho», afirmó, subrayando que no existió intención de establecer un sistema para financiar ilegalmente su partido con fondos europeos. Argumentó que todas sus actuaciones fueron públicas y que la Eurocámara nunca les advirtió de posibles irregularidades.
