Agentes federales durante una redada de inmigración en Minnesota
El IRS reconoce la cesión de datos fiscales confidenciales a Inmigración en plena ofensiva contra la inmigración ilegal
El caso vuelve a situar en el centro del debate el equilibrio entre el control de la inmigración ilegal y el respeto a las garantías jurídicas en materia de protección de datos
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) compartió de manera indebida información fiscal confidencial de miles de contribuyentes con agentes de inmigración, vulnerando las estrictas protecciones legales que amparan estos datos, según reveló The Washington Post y confirmó posteriormente la propia agencia tributaria en sede judicial.
El intercambio de información se produjo en el marco de la estrategia para avanzar en las deportaciones masivas prometidas por el presidente Donald Trump, una política que ha sido objeto de varias demandas ante los tribunales y que obligó al IRS a suspender su colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
De acuerdo con al menos tres fuentes conocedoras del caso citadas por el diario estadounidense, el IRS divulgó por error datos privados de miles de contribuyentes cuando respondió a una solicitud del DHS destinada a localizar a inmigrantes indocumentados. La Agencia de Seguridad Nacional había pedido las direcciones de 1,2 millones de personas. Finalmente, el IRS compartió información correspondiente a cerca de 47.000, según consta en los registros judiciales.
En abril del año pasado, el IRS había aceptado facilitar datos confidenciales relativos a personas con órdenes de deportación y que estuvieran bajo investigación criminal federal, incluido el delito de no abandonar el país. Sin embargo, la legislación estadounidense establece límites estrictos a la divulgación de información fiscal, incluso dentro del propio Gobierno federal.
La propia agencia tributaria reconoció el error este miércoles en una presentación judicial relacionada con la querella interpuesta contra el acuerdo. En una declaración jurada remitida al tribunal, Dottie Romo, directora de riesgos y control del IRS, admitió que se entregó información confidencial pese a que el DHS no había proporcionado datos suficientes para identificar adecuadamente a los contribuyentes afectados.
Durante años, los inmigrantes indocumentados han abonado impuestos bajo la garantía del Gobierno federal de que el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no los convertiría en objetivo de las autoridades migratorias, un principio que ahora queda en entredicho tras este episodio.
El IRS notificó al DHS el error cometido con el fin de iniciar medidas para «prevenir la divulgación o difusión» y asegurar la eliminación adecuada de cualquier dato que hubiera sido proporcionado a las autoridades migratorias.
El caso vuelve a situar en el centro del debate el equilibrio entre el control de la inmigración ilegal y el respeto a las garantías jurídicas en materia de protección de datos, en un contexto político marcado por la firme determinación del presidente Trump de reforzar las deportaciones