FedEx demanda al Gobierno de EE.UU. y exige la devolución íntegra de los aranceles anulados por el Supremo

La compañía estadounidense de mensajería FedEx ha demandado este lunes al Gobierno de Estados Unidos para reclamar el «reembolso completo» de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo poderes de emergencia y que fueron anulados el pasado viernes por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La acción judicial, presentada ante la Corte Internacional de Comercio, con sede en Nueva York, solicita la devolución íntegra de todos los impuestos recaudados en virtud de la IEEPA (Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional). En su escrito, la empresa pide «el reembolso completo por parte de los acusados de todos los impuestos de la IEEPA que los demandantes han pagado a Estados Unidos».

FedEx argumenta que importó mercancías procedentes de países afectados por la política arancelaria impulsada por la Administración Trump y que, al abonar los gravámenes exigidos, «sufrió daños causados por esas órdenes». No obstante, la compañía no detalla el importe total satisfecho ni la cuantía concreta que reclama como compensación.

Meses atrás, al presentar sus resultados trimestrales, la empresa ya había advertido de que estas tasas podrían suponer un impacto de hasta 1.000 millones de dólares en su ejercicio fiscal de 2026.

Entre los demandados figuran el Gobierno de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y su comisionado, Rodney Scott.

Según medios económicos, FedEx se convierte así en la primera gran empresa que acude a los tribunales tras el fallo del Supremo que invalida los aranceles denominados «recíprocos» y otros gravámenes impuestos al amparo de la IEEPA. Otras compañías, como Costco, mantienen litigios similares iniciados antes de conocerse la sentencia.

La mayoría del Alto Tribunal consideró que el uso de esa ley de 1997 implicaba una delegación excesivamente amplia del poder tributario, que la Constitución reserva al Congreso, al entender que los aranceles constituyen un tipo de impuesto que recae sobre los ciudadanos.

El dictamen afecta a la tarifa global base del 10 % sobre las importaciones extranjeras, a los gravámenes «recíprocos» aplicados a socios comerciales de Estados Unidos y a aranceles adicionales del 25 % impuestos a México y Canadá, entre otros, reabriendo el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia fiscal y comercial.