Miembros del Clan del Golfo, también llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia
Las guerrillas y el crimen organizado amenazan las elecciones legislativas de Colombia
Este domingo 8 de marzo Colombia celebrará elecciones legislativas para escoger a los miembros de ambas cámaras del Congreso para el periodo 2026-2030, sin embargo, la sobra de la «coacción electoral por parte de grupos armados ilegales» es un riesgo denunciado por organizaciones de la sociedad civil colombiana.
«Dichos riesgos no se limitan a hechos de violencia visible, homicidios o alteraciones públicas del orden electoral, sino que incluyen formas más sutiles y persistentes de interferencia por parte de grupos armados ilegales y estructuras delincuenciales organizadas», señala el Director Ejecutivo Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga , Carlos Augusto Chacón.
Chacón advierte que «estas condiciones y dinámicas podrían facilitar escenarios de captura electoral y de representación potencialmente cooptada, en los que algunos candidatos podrían resultar favorecidos por el apoyo o la presión ejercida por actores criminales».
Esta preocupación se sustenta, entre otros elementos, en las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo de Colombia, así como en las advertencias públicas formuladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y organizaciones de la sociedad civil como las misiones de observación electoral, que coinciden en señalar «riesgos significativos para la integridad del proceso electoral en múltiples territorios».
Según recuerda el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, en el informe de la Misión de la Unión Europea en 2022, se evidenció que, aunque el sistema electoral colombiano permite una campaña pluralista, la violencia fue un factor disruptivo constante: «(…) La creciente violencia, impuesta principalmente a las comunidades rurales por los grupos armados ilegales, el paro armado del ELN del 23 al 26 de febrero y la serie continua de asesinatos de líderes comunitarios debilitaron la campaña en muchas zonas e impactaron en la libertad de movimientos y reunión tanto de los candidatos como de los ciudadanos durante todo el proceso».
«Ahora bien, la situación actual supera en gravedad los diagnósticos de 2022. El reciente y trágico asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay constituye el hecho más grave de violencia política en décadas» indica el Instituto.
En los últimos años, grupos armados organizados como el ELN, las disidencias de las extintas FARC (Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central) y el Clan del Golfo han aumentado de manera significativa tanto en número de hombres en armas como en presencia territorial.
Gráfico de municipios de Colombia con presencia de grupos armados en el marco de las elecciones legislativas de 2026
De acuerdo con la denuncia realizada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga «el fortalecimiento de los grupos armados incide directamente en el aumento de las acciones delictivas y bélicas, afectando y permitiéndoles ejercer un mayor control frente a la sociedad civil de los territorios en los que operan».
Finalmente, el Instituto manifestó su «profunda preocupación por la integridad de las elecciones y por la posible falta de acciones eficaces del Gobierno nacional para neutralizar estas amenazas y garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional».
Por eso, el Instituto presidido por Chacón realizó un llamamiento a la comunidad internacional con el fin de activar mecanismos preventivos, visibilizar los riesgos y contribuir a la protección efectiva de los principios democráticos, reconociendo las diversas formas de violencia política y gobernanza criminal que pueden interferir en el proceso electoral.
