Militares de Polonia en la frontera con Bielorrusia
Polonia podrá minar la frontera oriental de la OTAN en tan solo horas ante la amenaza rusa
Tras hacerse efectiva la retirada de Polonia de la Convención de Ottawa, Donald Tusk afirma que podrá desplegar minas antipersona a lo largo de su frontera oriental en un plazo de unas 48 horas si surge una amenaza
La arquitectura del desarme humanitario europeo acaba de sufrir otra sacudida. Polonia formalizó el 20 de febrero su retirada de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal, conocida como Tratado de Ottawa, y deja así de estar vinculada por la norma internacional que prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de este tipo de armas.
La decisión, que había sido anunciada meses antes, se produce en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y por el deterioro de las relaciones entre Rusia y los países del flanco oriental de la OTAN. Para Varsovia, la prioridad es reforzar su capacidad de disuasión territorial. Para organizaciones humanitarias y defensores del tratado, la decisión pone en riesgo uno de los consensos más sólidos del derecho internacional contemporáneo.
La Convención de Ottawa entró en vigor en 1999 fruto de la presión civil y diplomática. Su origen está en la movilización de organizaciones civiles y en la iniciativa diplomática de un grupo de Estados que buscaban erradicar un arma responsable de decenas de miles de víctimas, en su mayoría civiles, durante y después de los conflictos armados de finales del siglo XX. El tratado obliga a los Estados parte a no emplear ni desarrollar minas antipersonal, a destruir sus arsenales en plazos determinados y a cooperar en tareas de desminado y asistencia a víctimas. Con el paso de los años, más de 160 países se adhirieron al acuerdo, convirtiéndolo en uno de los instrumentos de desarme con mayor respaldo internacional.
Polonia se sumó formalmente en 2012 y posteriormente completó la destrucción de sus existencias declaradas. Durante más de una década, el país formó parte del grupo de Estados que defendían la eliminación global de estas armas. Sin embargo, la Convención nunca fue universal. Potencias militares de primer orden -entre ellas Estados Unidos, Rusia, China, India o Pakistán- no se incorporaron al tratado.
La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 alteró profundamente la percepción de seguridad en Europa oriental. Diversos informes internacionales han documentado el uso de minas antipersonal en territorio ucraniano durante el conflicto. Actualmente, en Ucrania se concentra la mayor superficie del mundo contaminada por minas y artefactos explosivos sin estallar, lo que ha reforzado en algunos gobiernos la idea de que el entorno estratégico ha cambiado de manera estructural.
Impacto en la OTAN
En 2025, Lituania, Letonia y Estonia, anunciaron su salida del tratado. Finlandia se unió a esa retirada que se hizo efectiva este pasado enero. Todos estos países comparten frontera directa o proximidad estratégica con Rusia y han argumentado que la amenaza en su entorno inmediato exige revisar compromisos adoptados en un contexto geopolítico distinto. Actualmente, de los países que rodean a Rusia en su parte Oeste, solo Noruega sigue perteneciendo a la Convención.
El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha defendido la decisión alegando que las limitaciones derivadas del tratado reducían el margen de actuación del país frente a un vecino que no está sujeto a las mismas obligaciones.
El primer ministro, Donald Tusk, ha subrayado por su parte que la salida del tratado permitirá disponer de herramientas adicionales para la defensa territorial y ha señalado que, si la situación lo exigiera, el Ejército podría establecer campos minados en la frontera oriental con rapidez, en 48 horas. Según el Gobierno, el objetivo es reforzar la disuasión y no introducir un uso indiscriminado de estas armas en tiempos de paz.
Con la retirada ya efectiva, Polonia deja de estar jurídicamente obligada a abstenerse de producir y almacenar minas antipersonal. Las autoridades han confirmado la intención de recuperar capacidades industriales en este ámbito, en coordinación con la industria nacional de defensa.
La medida se integra en un plan más amplio de fortalecimiento de la frontera oriental, que incluye inversiones multimillonarias en infraestructuras, sistemas de vigilancia y obstáculos defensivos a lo largo de los límites con el enclave ruso de Kaliningrado y con Bielorrusia. El Gobierno no ha hecho públicas cifras detalladas sobre volúmenes de producción ni calendarios exactos, pero ha dejado claro que quiere contar con la capacidad de desplegar estos sistemas en caso de amenaza.
Aunque la retirada busca aumentar la capacidad de disuasión frente a Rusia y fortalecer en materia de defensa a Europa, hay divergencias entre los países alejados de las fronteras rusas y otros más cercanos -como el caso de Polonia-. La Alianza Atlántica no obliga a sus miembros a cumplir este tipo de tratados, pero el movimiento polaco es otro toque de atención a Bruselas para seguir fortaleciendo el flanco Este de la Unión e impulsar políticas de defensa más duras.
Advertencias del movimiento humanitario
La decisión polaca ha sido recibida con preocupación por organizaciones como Human Rights Watch y la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonal. Estas entidades sostienen que la salida de varios Estados europeos debilita una norma que, durante casi tres décadas, contribuyó a reducir de forma significativa la producción y el uso de minas en el mundo.
Los defensores del tratado recuerdan que las minas antipersonal no distinguen entre combatientes y civiles y que sus efectos pueden prolongarse durante años, dificultando el regreso de desplazados y la recuperación económica de las zonas afectadas.
Desde el ámbito de Naciones Unidas también se han expresado inquietudes por lo que se considera un retroceso en la protección de civiles en conflictos armados.
El debate que se abre es más amplio. A un lado, la convicción de que las normas internacionales deben mantenerse incluso en entornos adversos. Al otro, la idea de que la seguridad nacional exige adaptarse a un escenario en el que algunos actores no comparten esas reglas. En ese equilibrio inestable entre principios y disuasión, Europa vuelve a discutir sobre un arma que durante años parecía relegada al pasado.