El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una rueda de prensa
Bukele critica un informe que señala «posibles crímenes de lesa humanidad» en El Salvador durante su mandato
Entre las críticas están las encarcelaciones de los denominados pandilleros y el uso del régimen de excepción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó la noche del sábado un informe de juristas internacionales que señala la «existencia de posibles crímenes» de lesa humanidad en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
«Estas organizaciones de 'defensa de los derechos humanos', a las que muchos medios nacionales e internacionales les están dando amplia cobertura, y que están siendo escuchadas por miles de periodistas, activistas y políticos locales y extranjeros, están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del Régimen de Excepción», ha publicado el presidente Bukele en X.
Añade que «ya ni siquiera lo disimulan», porque «literalmente afirman que 'más de 89.000 personas fueron capturadas arbitrariamente', que sus derechos humanos están siendo violados y que se han cometido crímenes de lesa humanidad».
«Bajo esa lógica, la liberación del 100 % de los detenidos pasaría a ser una obligación de todo Estado. Incluso, en su exposición, uno de los 'expertos' deja claro que su denuncia no se refiere únicamente a supuestos opositores políticos o a personas inocentes, sino que también incluye a 'miembros de pandillas o personas percibidas como tales'», ha continuado diciendo en su comunicado.
También ha celebrado que se alegra de «que se hayan quitado la máscara, porque antes siempre intentaban matizar sus denuncias. Ahora lo han dicho con claridad: Quieren la liberación del 100 % de los pandilleros y que El Salvador vuelva al estado en que se encontraba antes del régimen de excepción; es decir, al país más peligroso del mundo».
El régimen de excepción, que es una medida popular entre la población y que le popularizó a Bukele para su reelección, se implementó a finales de marzo de 2022 tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana, situación atribuida a las violentas pandillas.
