O se desmonta el miedo o no hay transición en Venezuela
Si la libertad depende del mismo engranaje que fabricó el miedo, no estamos ante una transición plena, sino ante una libertad administrada
Jorge y Delcy Rodríguez con Diosdado Cabello celebran la aprobación de la ley de Amnistia
El 3 de enero Venezuela cambió. Se descabezó el madurismo, se abrió una puerta y el país —por primera vez en años— sintió que el miedo ya no mandaba solo.
Sin embargo, tres meses después hay que explicar con detalles la llamada «amnistía» que administra Delcy Rodríguez ya que esta explicación demuestra que no ha desmontado el sistema de persecución; lo está reconfigurando.
El abogado Carlos Aponte, en un informe situacional elaborado para Primero Justicia con fecha de corte 5 de abril, lo resume con precisión: el proceso ha sido denunciado como «opaco, incompleto y discriminatorio», con liberaciones visibles y un cuello de botella judicial diseñado para decidir, caso por caso, quién sale y quién se queda.
Un dato que desmiente la propaganda
El régimen vende el relato de «pasar la página». La realidad es otra. Según el balance citado por el informe —basado en Foro Penal con corte al 30 de marzo— aún permanecen 503 presos políticos, de los cuales 188 son militares.
Ese dato —la proporción de militares y policías— es clave porque revela lo que Delcy pretende ocultar: la amnistía no es un acto general de liberación; es una operación política selectiva. Se alivian perfiles útiles para la negociación internacional, mientras se mantiene el peso de la represión sobre quienes menos voz tienen: soldados, suboficiales, policías, manifestantes anónimos.
Una fábrica de decisiones en un piso seis
El informe describe algo que en cualquier país democrático sería escándalo mayor: la amnistía no opera como un acto liberador automático, sino como un procedimiento controlado por el mismo aparato judicial que sostuvo la persecución. Aponte habla de un «control judicial discrecional» coordinado por autoridades del circuito judicial y de la Sala Penal, que se instala —literalmente— en una sala de juntas del Palacio de Justicia, piso 6, para instrumentar decisiones caso por caso.
Esto no es un detalle técnico. Es la esencia del problema: si la libertad depende del mismo engranaje que fabricó el miedo, no estamos ante una transición plena, sino ante una libertad administrada.
673 liberaciones… y más de 800 en el limbo
Aponte registra que Foro Penal ha verificado aproximadamente 673 excarcelaciones desde enero, muchas de ellas formalizadas luego con la ley de febrero. Al mismo tiempo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconoció 1.557 solicitudes de amnistía.
Hagan la resta: hay más de 800 solicitudes negadas, ignoradas o en «limbo procesal». Ese limbo es un arma. Porque convierte la libertad en una espera sin fin y, por tanto, en un mecanismo de presión.
Tres capas del miedo
El informe permite ver con claridad tres capas de exclusión.
Primera: exclusiones taxativas de la ley. Se denuncia que la norma dejó fuera «de forma fáctica» a más de 400 presos políticos, principalmente militares vinculados a alzamientos o episodios específicos: Paramacay (2017), drones (2018), Cotiza (2019), Gedeón (2020), entre otros.
Segunda: secuestro judicial por interpretación arbitraria. Son casos que deberían estar amparados, pero tribunales niegan el beneficio apoyándose en artículos como el 8 o forzando calificaciones (homicidio, lesa humanidad) para bloquear la amnistía.
Tercera: «liberaciones» con grilletes. Muchas excarcelaciones no son sobreseimientos; son medidas sustitutivas, arresto domiciliario, presentaciones periódicas, incluso vigilancia. Es decir: sales de la cárcel, pero sigues preso del expediente.
Hay un elemento aún más grave: el informe recoge denuncias de que tribunales niegan o dificultan la entrega del auto que rechaza la amnistía «para evitar apelaciones». Cuando se bloquea la defensa, se institucionaliza la arbitrariedad.
La amnistía que excluye a los líderes del cambio
No es casual que la ley también incluya cláusulas que permiten excluir a quienes supuestamente «instigaron» acciones de fuerza extranjeras.
En mi caso personal, sigo excluido y esa selectividad no es anecdótica: confirma que el madurismo sin Maduro intenta construir una transición gobernada, donde el poder decide quién puede volver, quién puede hablar, quién puede competir.
Lo que falta para llamar a esto «transición»
Una transición real no se mide por titulares, sino por el desmantelamiento del miedo. Si mañana el país sigue con paramilitares armados, partidos ilegalizados, dirigentes proscritos, jueces dóciles y un árbitro electoral controlado, entonces no estamos ante democracia: estamos ante una administración del cambio para preservar el núcleo del poder.
La «amnistía» puede ser un paso. Pero solo si conduce a lo esencial:
• libertad plena para todos los presos políticos, incluidos militares y policías;
• fin de la persecución judicial y derogar leyes usadas para criminalizar disidencia;
• legalización de partidos y garantías de organización;
• Nuevo árbitro electoral y cronograma verificable para Parlamento, regiones y presidenciales.
Venezuela está mejor que el 3 de enero, sí. Pero no porque Delcy haya descubierto de pronto el valor de la libertad, sino porque el régimen quedó expuesto y presionado. El proceso es irreversible, pero no es automático. Si bajamos la guardia, se reciclan. Si insistimos, se abre la puerta completa.
La meta es simple y gigantesca: una democracia gobernante, no una democracia gobernada.
