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Un juez federal obliga a reanudar solicitudes de residencia paralizadas por la Administración Trump

Un juez federal obliga a reanudar solicitudes de residencia paralizadas por la Administración Trump

El magistrado cuestiona la legalidad de la paralización aplicada a inmigrantes de países restringidos y afea al Gobierno la falta de justificación para una medida de amplio alcance

Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado reactivar la tramitación de solicitudes de residencia permanente que habían quedado en suspenso por decisión de la Administración de Donald Trump, en un fallo que cuestiona la capacidad del Ejecutivo para interrumpir de forma generalizada procedimientos migratorios en curso.

El magistrado George L. Russell, del estado de Maryland, dictaminó este lunes que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) debe retomar los expedientes de 83 inmigrantes que habían recurrido judicialmente la paralización de sus casos. En su resolución, el juez sostiene que la agencia «no tiene discreción para decidir no adjudicar en absoluto» estas solicitudes, por lo que considera ilegal la pausa del Gobierno.

La decisión judicial se produce en el marco de una política migratoria restrictiva que afecta actualmente a ciudadanos de 39 países, además de a personas con documentación de la Autoridad Palestina, cuya entrada en Estados Unidos está bloqueada o limitada.

El juez subraya en su fallo que la Administración no ha justificado adecuadamente la suspensión de beneficios migratorios para personas que, en muchos casos, llevan años —incluso décadas— residiendo en el país con estatus legal y han contribuido de manera relevante en ámbitos como la investigación médica y científica.

A estas medidas se suma la cancelación de la revisión de solicitudes de visados de inmigrante procedentes de 75 países, entre ellos Afganistán, Brasil, Colombia, Egipto, Irán, Rusia y Somalia, lo que ha intensificado el debate sobre el alcance de las competencias del Ejecutivo en materia migratoria.

Diversas organizaciones de derechos humanos, así como organismos internacionales como la agencia de la ONU para los refugiados, han criticado estas restricciones, al considerar que vulneran el derecho de los migrantes a un debido proceso.

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