Chile: la erosión silenciosa del Estado de derecho

El World Justice Project se ha consolidado como una de las referencias más fiables para medir el Estado de derecho en el mundo. Su índice no se limita a examinar normas o declaraciones, sino que capta la experiencia real de los ciudadanos a partir de encuestas masivas y consultas a expertos. Es, en rigor, una medición de la distancia entre lo que el derecho promete y lo que efectivamente cumple. En el caso de Chile, esa distancia ha ido creciendo de manera sostenida durante la última década.

En 2015, el país se sitúa en torno al lugar 26 de 102 países, con un puntaje cercano a 0,69. Diez años más tarde, en 2025, desciende al puesto 35 de 143, con un puntaje de 0,66. La variación puede parecer leve, pero su significado es profundo: Chile no solo ha sido adelantado por otros países, sino que ha perdido consistencia institucional en aquellos ámbitos donde el Estado de derecho se hace vida cotidiana.

El proceso no ha sido abrupto. Durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, el país aún conservaba una inercia institucional sólida. Sin embargo, el impulso reformista –en educación, sistema político, legislación laboral o políticas de género– implicó una expansión significativa del rol del Estado y de la regulación. Aquella orientación, de matriz progresista, no generó una caída inmediata en los indicadores, pero sí comenzó a erosionar elementos clave como la calidad regulatoria y la percepción de imparcialidad. El índice descendió de 0,69 a 0,67. Era una señal temprana.

El punto de inflexión se produjo tras la crisis de 2019. Desde entonces, el factor «orden y seguridad» ha mostrado un deterioro persistente. Y es bajo el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric cuando esta tendencia se vuelve inequívoca: entre 2022 y 2025, Chile se sitúa en torno al lugar 98 del mundo en este indicador.

Es bajo el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric cuando esta tendencia se vuelve inequívoca

El dato es revelador. Un país que mantiene estructuras institucionales relativamente sólidas cae, sin embargo, a posiciones propias de contextos mucho más frágiles en materia de seguridad. La consecuencia es una fractura entre norma y realidad: el ciudadano deja de percibir que la ley garantiza su protección.

El deterioro no se limita a este ámbito. La justicia civil ha descendido del lugar 40 al 49 en apenas tres años, reflejando mayores dificultades de acceso, lentitud en los procesos y menor eficacia en el cumplimiento de las decisiones. La justicia penal, por su parte, permanece estancada en torno al lugar 48, lo que evidencia una incapacidad persistente para mejorar la persecución del delito.

Incluso en factores donde Chile tradicionalmente destacaba, como la ausencia de corrupción o el cumplimiento regulatorio, los datos muestran retrocesos. No se trata aún de un colapso, pero sí de un desgaste progresivo que afecta la calidad del funcionamiento estatal.

El edificio jurídico permanece en pie, pero su capacidad de sostener la vida social se debilita

Y, sin embargo, los indicadores relativos a derechos fundamentales y límites al poder se mantienen relativamente estables. Esta aparente solidez encierra la verdadera paradoja: el edificio jurídico permanece en pie, pero su capacidad de sostener la vida social se debilita.

Desde una perspectiva filosófico-política, lo que se observa es una crisis en la relación entre ley y realidad. La tradición clásica entendía la ley como una ordenación racional al bien común, eficaz en la práctica. Cuando la ley deja de garantizar seguridad, justicia y previsibilidad, su validez formal ya no basta para sostener su legitimidad.

No es irrelevante, en este sentido, la orientación de las políticas públicas de la última década. Tanto en los gobiernos de Bachelet como en el de Boric se advierte una tendencia a expandir el Estado como agente de transformación social, acompañada de una creciente densidad normativa. Sin embargo, los datos sugieren que esta proliferación de normas no se ha traducido en mayor eficacia institucional. Más bien ha coexistido con el deterioro de los factores más esenciales del Estado de derecho.

La evidencia comparada de la OCDE y del Banco Mundial es consistente en este punto: el desarrollo institucional no depende del número de leyes, sino de su cumplimiento efectivo. Seguridad, justicia y calidad regulatoria constituyen los pilares sobre los que descansa la vigencia real del derecho.

Chile aún dispone de una base institucional relevante. Pero los datos del World Justice Project advierten con claridad que esa base se está debilitando allí donde más importa.

El riesgo no es la ruptura, sino la habituación. Cuando la inseguridad se vuelve cotidiana, cuando la justicia se demora sistemáticamente y cuando la regulación pierde consistencia, el Estado de derecho no desaparece: se vacía.