Asamblea General de la ONU
Estados Unidos retira las sanciones contra la relatora de la ONU que acusó a Israel y EE.UU. de posibles crímenes de guerra
La Administración estadounidense elimina las restricciones contra Francesca Albanese una semana después de que un juez federal cuestionara su constitucionalidad
El Gobierno de Estados Unidos retiró este miércoles las sanciones impuestas contra Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, después de que un tribunal federal de Washington suspendiera cautelarmente las medidas aprobadas por la Administración de Donald Trump en 2025.
La decisión fue comunicada a través de una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que eliminó el nombre de Albanese de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). La retirada de las sanciones deja sin efecto las restricciones financieras y también la prohibición de entrada en territorio estadounidense que pesaba sobre la jurista italiana.
El movimiento supone un giro significativo respecto a la posición mantenida por Washington durante el último año. La Administración Trump sancionó a Albanese en julio de 2025 bajo el programa de medidas vinculadas a la Corte Penal Internacional (CPI), después de que la relatora criticara duramente la ofensiva militar israelí en Gaza y reclamara investigar posibles crímenes de guerra cometidos tanto por autoridades israelíes como estadounidenses.
Entonces, Washington acusó a la experta de Naciones Unidas de impulsar una estrategia de «guerra jurídica» contra Estados Unidos y sus aliados mediante el uso de organismos internacionales y tribunales supranacionales. De hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió públicamente las sanciones el pasado febrero y señaló en un comunicado que Albanese promovía actuaciones hostiles contra intereses estadounidenses e israelíes ante la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, el pasado 13 de mayo un tribunal federal de Washington suspendió temporalmente las medidas al considerar que podían constituir una limitación inconstitucional de la libertad de expresión. El juez cuestionó especialmente que las sanciones pudieran utilizarse como mecanismo para castigar opiniones o posicionamientos políticos emitidos en el marco de funciones vinculadas a Naciones Unidas.
La familia de Albanese, residente en Estados Unidos, también había denunciado el impacto personal de las restricciones. Según trasladaron a la Justicia estadounidense, la relatora no podía acceder a su vivienda en Washington, donde reside su hija, ciudadana estadounidense, debido a las limitaciones impuestas por las sanciones.
La retirada de las medidas refleja además una evidente contradicción dentro de la propia Administración estadounidense. Mientras el Departamento de Estado mantuvo durante meses un discurso de máxima dureza contra la relatora de la ONU, el Tesoro ha terminado finalmente anulando unas sanciones cuya legalidad había quedado en entredicho tras la decisión judicial.
