Polonia, bajo la lupa por ayudar a las deportaciones en masa de Trump a Ucrania

Polonia, uno de los países europeos que más ha apoyado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, se ha visto ahora envuelta en una polémica internacional por su supuesto papel en las deportaciones impulsadas por la Administración de Donald Trump.

Amnistía Internacional y Human Rights First han acusado al Gobierno polaco de colaborar indirectamente con las políticas migratorias de Washington al permitir el tránsito de vuelos de expulsión organizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) con destino final a Ucrania, pese a que el país continúa inmerso en una guerra activa.

La denuncia fue hecha pública este mes de mayo, después de que ambas organizaciones enviaran una carta formal al Ejecutivo de Varsovia el pasado 17 de abril sin recibir respuesta. En ella reclamaban a las autoridades polacas que dejaran de facilitar operaciones que, a su juicio, pueden vulnerar el derecho internacional y el principio de no devolución, que prohíbe enviar personas a lugares donde su vida o su integridad puedan correr peligro.

Según la información recopilada por las ONG a través del proyecto ICE Flight Monitor, al menos dos vuelos de deportación operados por ICE aterrizaron en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka, en el sureste de Polonia, en noviembre de 2025 y marzo de 2026. Entre ambos habrían trasladado a más de 50 ciudadanos ucranianos procedentes de Phoenix, Arizona. Un tercer vuelo llegó el 30 de abril de este año, aunque el número de pasajeros no ha sido confirmado públicamente.

El aeropuerto de Rzeszów-Jasionka se ha convertido desde 2022 en una infraestructura estratégica para la guerra de Ucrania. Por allí ha transitado buena parte de la ayuda militar y humanitaria occidental destinada a Kiev. La paradoja, subrayan las organizaciones humanitarias, es que el mismo enclave utilizado para sostener la resistencia ucraniana habría servido también como punto de paso para expulsar a ciudadanos ucranianos desde Estados Unidos hacia una zona de conflicto.

Las organizaciones sostienen que los deportados no permanecieron en Polonia. Según datos citados por Third Country Deportation Watch y por las propias ONG, los ciudadanos ucranianos fueron trasladados posteriormente hasta la frontera y entraron en Ucrania a través del paso fronterizo de Shehyni. Autoridades ucranianas confirmaron en noviembre de 2025 la llegada de 50 personas deportadas desde Estados Unidos vía Polonia: 45 hombres y cinco mujeres.

No se ha detallado públicamente cuánto tiempo permanecieron en territorio polaco ni bajo qué condiciones se organizó el traslado terrestre hasta la frontera. Tampoco se conoce si algunos de los afectados solicitaron protección internacional o asistencia jurídica durante el tránsito. Amnistía Internacional asegura que el paradero exacto de parte de los deportados sigue sin aclararse.

La polémica se produce en plena ofensiva migratoria de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca en 2025. Desde entonces, su administración ha endurecido las políticas de inmigración, ampliando detenciones y deportaciones y restringiendo programas humanitarios impulsados durante la presidencia de Joe Biden. Entre ellos figura «Uniting for Ukraine», que había permitido la entrada temporal en Estados Unidos de cientos de miles de ucranianos desplazados por la guerra.

Las organizaciones humanitarias consideran que estas expulsiones forman parte de esa nueva estrategia de endurecimiento migratorio. La presidenta de Human Rights First, Uzra Zeya, afirmó que devolver ciudadanos ucranianos a un país sometido a bombardeos «viola el derecho internacional» y «conmueve la conciencia». Amnistía Internacional añadió que Polonia no debería facilitar operaciones que expongan a personas a circunstancias potencialmente letales.

La respuesta del Gobierno polaco ha sido tajante en un punto: niega cualquier acuerdo formal con Washington para colaborar en deportaciones. Karolina Galecka, portavoz del Ministerio del Interior, asegura que Polonia únicamente actuó como país de tránsito y que sus agentes fronterizos se limitaron a realizar controles administrativos y de documentación conforme a la legislación vigente. «Es un asunto interno entre Estados Unidos y Ucrania», declaró a un medio de comunicación.

Varsovia insiste en que no participó directamente en las expulsiones y sostiene que su actuación se limitó a verificar si las personas trasladadas tenían derecho de entrada en territorio polaco durante el tránsito. El vicepresidente del aeropuerto de Rzeszów-Jasionka ha evitado hacer comentarios sobre las operaciones y no ha respondido a preguntas sobre el posible grado de implicación del Ejecutivo. Por parte estadounidense, el Departamento de Seguridad Nacional tampoco ha respondido a estas acusaciones.

La controversia golpea especialmente a Polonia por el papel que ha desempeñado desde el comienzo de la guerra. El país ha sido uno de los principales refugios de los ucranianos que huían de la invasión rusa. Más de dos millones de personas cruzaron la frontera polaca en los primeros meses del conflicto y cerca de un millón y medio continúa residiendo en el país de manera estable.

Varsovia abrió sus escuelas, su sistema sanitario y buena parte de su mercado laboral a los refugiados ucranianos, convirtiéndose en uno de los aliados más comprometidos de Kiev dentro de la Unión Europea y la OTAN.