La UE aprueba la creación de centros de retorno de inmigrantes en terceros países

Finalmente, la Unión Europea contará con centros de retorno de inmigrantes en terceros países, según acordaron a última hora de este lunes las tres instituciones europeas, la Comisión Europea, que es el órgano de Gobierno, el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, y el Consejo de la Unión Europea donde se encuentran los gobiernos de los Veintisiete estados miembros.

Los centros de retorno acogerán a inmigrantes que sean expulsados de la Unión Europea y se ubicarán en países con los que la UE alcance acuerdos para su establecimiento. Tal y como señala el Consejo de la Unión Europea, «cualquier acuerdo o acuerdo de este tipo solo podrá concluirse con un tercer país que respete los estándares internacionales de derechos humanos y principios del derecho internacional, incluido el principio de no devolución».

Además, endurece la situación de las personas en situación irregular como la reducción de prestaciones y asignaciones concedidas conforme a la legislación nacional, o la negativa a conceder incentivos para promover el retorno voluntario. «Cuando la legislación nacional lo permita, los Estados miembros también pueden imponer sanciones penales, incluida la prisión», establece el acuerdo adoptado.

Y también endurece la política contra las personas que sean consideradas como un riesgo para la seguridad nacional. «Los Estados miembros pueden emitir una prohibición de entrada que supere el periodo máximo habitual de diez años o incluso una prohibición indefinida para casos de seguridad, y también pueden imponer detención en prisión», establece el acuerdo.

Para el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (Libe) del Parlamento Europeo, el español del PP, Javier Zarzalejos, y participante en las negociaciones, «desde el día de hoy, la Unión Europea tiene una política migratoria más seria, ordenada y creíble».

Además, este acuerdo se ha establecido sobre un Reglamento Europeo en lugar de una Directiva, por lo que su aplicación es obligatoria y directa en todos los países sin necesidad de ser transpuesta a la legislación nacional.

Ahora, el Consejo y el Parlamento Europeo tienen que aprobar individualmente esta nueva reglamentación, aunque al tratarse de una negociación en la que han participado todas las partes no parece que vaya a haber problemas y será algo rápido.