La maquinaria represora sigue operando en Venezuela
Los torturadores no han sido jubilados ni asignados a otras responsabilidades. Siguen en sus puestos. Con sus mismas asignaciones y expectativas
Miembros del Cuerpo Bolivariano de la Policía Nacional montan guardia durante una protesta de sindicalistas en Caracás
Hemos llegado a mediados de junio, hace más de cinco meses que los líderes del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores fueron capturados y encerrados por las autoridades de Estados Unidos, y a pesar de que pululan discursos sobre transición y cambios en el país, la peor, más cruda y sintomática de las realidades de la narcodictadura se mantiene intacta y operando con todas sus capacidades: me refiero a los organismos policiales, militares y paramilitares dedicados al espionaje, al secuestro, a la desaparición forzosa, a la tortura, a la extorsión y a la persecución de dirigentes políticos, dirigentes sociales, gremialistas, periodistas o a simples ciudadanos que reclaman por sus derechos.
El que en las semanas recientes no se hayan producido secuestros ni desapariciones conocidas por la opinión pública, no significa que los entes y grupos represivos –todos entes delincuenciales, todos carentes de legitimidad y todos responsables de gravísimos delitos contra de la dignidad humana y los Derechos Humanos– estén inactivos, en proceso de cambio, reorganizándose o separándose de sus prácticas ilegales e ilegítimas.
No. Que nadie se lleve a engaño. Continúan, en estos días concentrados en tareas como el espionaje, seguimiento a personalidades, construcción de falsos expedientes y planificación de nuevos secuestros y desapariciones. No solo han reclutado a nuevos integrantes para sus filas, sino que los programas de entrenamiento se mantienen inalterados. En los pasillos del SEBIN, del DGCIM, del CICPC, en los grupos especiales de acción de la Policía Nacional Bolivariana, en las diversas unidades de Inteligencia de los componentes de la FANB, la orden y la consigna es «aquí nadie retrocede».
Escribo este artículo, no solo para advertir a quien quiera atender a lo que aquí señalo, que el peligro está vivo. Que los torturadores no han sido jubilados ni asignados a otras responsabilidades. Siguen en sus puestos. Con sus mismas asignaciones y expectativas. Pero, por encima de cualquier otra consideración, continúan en estado de impunidad. No se les investiga: los que podrían ordenar las investigaciones forman parte de las mismas cadenas delictivas, de las mismas cadenas de mando. Se jactan funcionarios activos: «No nos va a pasar nada, porque si cae uno de nosotros, caemos todos». Un efecto dominó hacia arriba y hacia los lados.
La otra preocupación que motiva este artículo, de orden más estructural, parte de una percepción: la sociedad venezolana, mejor dicho, su dirigencia, no parece haber comprendido ni asumido la problemática legal, institucional, política y social que representa la maquinaria represora y su posible destino en una Venezuela democrática.
Son miles y miles de funcionarios –a los que hay que sumar a miles de custodios y guardias de las cárceles–, cuyo principal y único oficio son las distintas variantes de la violación a los Derechos Humanos. Hay los que se han especializado en castigos corporales. Otros, en castigos sicológicos, dirigidos a fracturar el ánimo de los presos políticos. Hay, por montones, los que son verdaderos expertos en formas de extorsión a las madres y padres, a las esposas y parejas, a los hijos y demás familiares de los presos.
Pasa que la presencia de estos grupos de torturadores –que son mafias sorprendentemente organizadas y extendidas por todo el país– no se limita a las instituciones criminales. También están distribuidos, de forma simultánea, en distintos cargos en ministerios y empresas del Estado; ocupan altos cargos de seguridad en entes oficiales; dirigen grupos de conductores y guardaespaldas de altos funcionarios y, vertiente muy importante, mantienen poderosos negocios de importación de equipos de espionaje, protección personal y doméstica de familias que pueden pagar por sus costosísimos servicios, trabajan en empresas como responsables de sus unidades de seguridad, transportan valores y, como han revelado las investigaciones de periodistas de otros países de Iberoamérica, dirigen pequeños grupos de sicarios para atender casos 'especiales'.
Los torturadores no están únicamente concentrados en Boleíta, El Helicoide, Plaza Venezuela, Lomas del Tamanaco, Parque Carabobo, San Bernardino y en otras urbanizaciones de Caracas donde funcionan centros clandestinos de detención y tortura. Al contrario, están dispersos en centenares de despachos, en decenas de ciudades del país; participan en miles de operaciones de lavado de dinero, incluyendo los lucrativos negocios en la frontera con el ELN y las exFARC; ocupan posiciones claves en puertos y aeropuertos; en el SENIAT; en cuerpos policiales; en los medios de comunicación del oficialismo; y en una extendida lista de asignaciones, que incluyen espionaje u acciones criminales y de sabotaje fuera de Venezuela.
Es muy tentador conformarse con pensar que, tras las posibles detenciones de cuatro o cinco jefes torturadores, se producirá un avance en el desmontaje de la cultura y las redes de torturadores en Venezuela. Esas detenciones, que deberían producirse de inmediato, son solo un primer paso. Deben abrir el grifo a un proceso complejo y sistemático, en el que, hasta donde tengo conocimiento, nadie está pensando o planificando. En las experiencias de desnazificación y de desestalinización hay lecciones de lo que salió bien y de lo que no, de las que la Venezuela de los demócratas tiene mucho que aprender.
