Trump libera la compra de armas de fuego al anular un paquete de medidas restrictivas para adquirirlas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló varias regulaciones sobre la posesión de armas de fuego. La decisión ha servido en bandeja la polémica al restringir los controles, que hasta ahora eran obligatorios, para poder adquirir pistolas, revólveres y, entre otros, fusiles.

Entre los polémicos cambios encontramos la restitución del derecho general a portar armas a personas con enfermedades mentales, la baja observación a la venta ilegal, así como la supervisión de las transacciones privadas de armas. También ha recortado personal en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la agencia federal responsable de las políticas sobre armas.

La Casa Blanca asegura que estos cambios se sostienen como defensa de la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que afirma que «una milicia bien organizada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido.»

Uno de los mayores inversores y partícipes de la empresa de compra online de armas, GrabAGun, es Donald Trump Jr., hijo del presidente americano. Después de la abolición de las regulaciones mencionadas, esta ha aumentado su valor en el mercado.

La Administración ahora tiene como prioridad conseguir que los estados demócratas sigan sus pasos. El Gobierno ha criticado a los estados de Colorado y Virginia por prohibir o limitar los rifles semiautomáticos y a California por la restricción en la venta de pistolas Glock.

No es la primera vez que Trump le declara la guerra a la regulación de armas. El año pasado recortó la financiación del Departamento de Salud y Servicios Humanos para la prevención de violencia armada. Y hace dos meses derogó una ley centenaria que prohibía el envío de pistolas por correo.

El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó el pasado abril que estas medidas encontraban el equilibrio entre los intereses de la industria armamentística y los propietarios de armas, así como la seguridad pública. «Durante demasiado tiempo, se redactaron reglamentos sin comprender realmente cómo operan las empresas de armas de fuego, cómo los propietarios legales manejan sus armas o qué mejora verdaderamente la seguridad pública», declaró.

Algunos analistas aseguran que la propuesta de modificación que permite a personas con antecedentes de enfermedad mental comprar armas podría ser un peligro para la seguridad pública, incluyendo incidentes con víctimas masivas. La Administración ha aclarado que solo las personas que ingresaron de forma voluntaria en una institución mental podrán obtener el permiso de armas de fuego.

«Estas armas van a empezar a circular de nuevo en la comunidad en los próximos dos años», dijo Marianna Mitchem, exfuncionaria de la ATF que ahora asesora a Everytown for Gun Safety, un grupo de defensa sin ánimo de lucro. Añadió: «Lamentablemente, preveo que veremos un aumento de los delitos violentos».

Aunque las medidas no han entrado en vigor, los defensores de las armas no están satisfechos, y presionan para conseguir más flexibilidad por parte del Gobierno.