El presidente de Argentina, Javier Milei
La Justicia de EE.UU. obliga a Argentina a pagar 390,9 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas
Un tribunal de apelaciones rechaza el recurso del Estado argentino y confirma la indemnización derivada de la nacionalización de la compañía aérea, ejecutada en 2009 durante el Gobierno de Cristina Fernández
La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó este martes el recurso presentado por Argentina y confirmó la sentencia que obliga al país a abonar 390,9 millones de dólares al fondo belga Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, culminada en enero de 2009.
Con esta decisión, el tribunal de alzada ratifica el fallo de primera instancia y pone fin a la apelación presentada por el Estado argentino en 2025, después de que la Justicia estadounidense determinara el año anterior que el plazo de prescripción aplicable al caso era de doce años y no de tres, como sostenía Buenos Aires.
Fuentes de la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado argentino, aseguraron a EFE que el Gobierno está «analizando todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia».
El origen del litigio se remonta a finales de 2008, cuando el Parlamento argentino aprobó la ley que permitió la expropiación de Aerolíneas Argentinas al grupo español Marsans. La operación se materializó en enero de 2009, después de que la compañía, inmersa en una grave crisis financiera, hubiera pasado desde mediados de 2008 a ser gestionada por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
Tras la expropiación, Marsans acudió al Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. En 2017, este tribunal condenó a Argentina al pago de una indemnización de 321 millones de dólares, cantidad a la que posteriormente se sumaron los intereses.
Con el paso de los años, Marsans cedió los derechos del litigio a la firma británica Burford Capital, que posteriormente los transfirió al fondo belga Titan Consortium. Este último solicitó en 2021 el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral ante un tribunal del Distrito de Columbia.
La resolución conocida este martes confirma definitivamente la decisión de primera instancia y fija en 390,9 millones de dólares el importe que Argentina deberá abonar al fondo demandante.
