Ortega entierra las urnas y Sánchez le extiende la alfombra roja

Daniel Ortega ha decidido prescindir de la última apariencia democrática que le quedaba a su régimen. «Aquí no volverá a haber elecciones», proclamó durante la conmemoración de la Revolución Sandinista. No es una acusación de la oposición ni una interpretación internacional. Es la confesión expresa del propio dictador: mientras él y Rosario Murillo controlen Nicaragua, los ciudadanos no podrán decidir libremente su futuro.

La frase marca un punto de no retorno, pero no surge de la nada. Las elecciones de 2021 ya fueron una farsa, precedida por el encarcelamiento de los principales candidatos opositores. Desde las protestas de 2018, reprimidas con más de 300 muertos, el régimen ha perseguido a periodistas, estudiantes, empresarios, defensores de los derechos humanos y miembros de la Iglesia católica. Ha cerrado medios de comunicación y miles de organizaciones civiles, confiscado universidades, expulsado órdenes religiosas y despojado de su nacionalidad a centenares de nicaragüenses.

El último paso ha sido convertir el Estado en un patrimonio familiar. Las reformas constitucionales han concentrado los poderes públicos en una copresidencia formada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Nicaragua avanza hacia una tiranía hereditaria en la que el poder pretende transmitirse como una propiedad privada.

Los recientes acontecimientos con Italia ofrecen otro ejemplo revelador. El régimen nicaragüense rompió relaciones diplomáticas con Roma después de que el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, exigiera nuevamente la extradición de Alessio Casimirri, antiguo miembro de las Brigadas Rojas condenado por su participación en el secuestro y asesinato de Aldo Moro.

Italia se ha negado a olvidar a las víctimas del terrorismo y a aceptar que un condenado por crímenes gravísimos continúe disfrutando de protección e impunidad en Nicaragua. Ante una exigencia legítima de justicia, Ortega ha respondido rompiendo las relaciones diplomáticas. Esa es su forma de entender el diálogo: protección para los terroristas, persecución para los demócratas y hostilidad contra quien se atreva a pedirle cuentas.

El contraste con España no puede ser más preocupante. Mientras Italia mantiene una posición firme en defensa de la justicia y del Estado de derecho, el Gobierno de Pedro Sánchez continúa dejando abierta la puerta de la próxima Cumbre Iberoamericana de Madrid al régimen Ortega-Murillo. Las informaciones sobre los contactos dirigidos a normalizar las relaciones y facilitar su presencia resultaban ya inquietantes. Después del anuncio de que no habrá más elecciones, esa pretensión es política y moralmente insostenible.

La Cumbre Iberoamericana no puede convertirse en una alfombra roja para quienes han eliminado las urnas. Recibir en Madrid a los representantes de esa dictadura, sin condiciones ni consecuencias, no sería un ejercicio de diálogo: sería una operación de legitimación internacional.

España tiene una responsabilidad singular en el espacio iberoamericano. Precisamente por ello debería colocarse del lado de quienes reclaman libertad, no de quienes los encarcelan, expulsan o despojan de su nacionalidad. Organizaciones nicaragüenses en el exilio ya han pedido formalmente al Gobierno español que excluya al régimen de la Cumbre. Sánchez debe escucharlas.

Existe en una parte de la izquierda europea y latinoamericana una preocupante indulgencia ante las dictaduras que conservan una retórica revolucionaria. Se condena, acertadamente, cualquier vulneración de derechos cuando procede de un adversario ideológico, pero aparecen los matices, los silencios y las apelaciones al diálogo cuando el represor se presenta como socialista, bolivariano o antiimperialista.

Los derechos humanos no pueden depender del color político del verdugo. No existe una tortura de izquierdas más aceptable que una tortura de derechas; tampoco un preso político progresista ni una dictadura menos dictadura porque entone viejos himnos revolucionarios. Ortega ya no puede esconderse detrás de la lucha contra Somoza: se ha convertido en aquello que decía combatir.

También resulta incoherente que el Gobierno de España pretenda presentarse en Bruselas como defensor del Estado de derecho mientras busca normalizar sus relaciones con un régimen que ha suprimido el pluralismo político. Sería, además, un desaire hacia Italia y hacia los demás socios europeos que sí se toman en serio la defensa de las víctimas, las exigencias de la justicia y la presión contra las dictaduras.

La Unión Europea debe reforzar las sanciones individuales contra los responsables de la represión, exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos y apoyar a la sociedad civil y al exilio democrático. España debería liderar esa posición.

Pedro Sánchez todavía está a tiempo de rectificar. Debe anunciar que Ortega, Murillo y sus representantes políticos no serán recibidos como autoridades democráticas mientras no haya presos liberados, derechos restituidos y elecciones libres y verificables.

Ortega ha levantado un muro para impedir que los nicaragüenses recuperen su Gobierno mediante las urnas. Las democracias no pueden ayudarle a blanquearlo. En noviembre, Madrid deberá elegir entre la fotografía con los dictadores o la dignidad de sus víctimas. No existe un punto intermedio.