Evo Morales, expresidente de Bolivia
La Fiscalía de Bolivia ordena la detención de Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado
El expresidente está acusado de promover los bloqueos que paralizaron el país durante siete semanas y causaron 16 muertos, mientras asegura que el Gobierno pretende silenciar a la oposición
La Justicia boliviana estrecha el cerco sobre Evo Morales. La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una nueva orden de captura contra el expresidente, al que acusa de varios delitos relacionados con los bloqueos y protestas que sacudieron el país entre mayo y junio y que tuvieron como principal objetivo forzar la salida del actual mandatario, Rodrigo Paz.
La disposición, firmada por el fiscal Brayan Melgar, atribuye a Morales delitos de «alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado», terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos.
La investigación se inició tras una denuncia presentada a principios de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico de Bolivia. Posteriormente, el Ministerio de Gobierno se sumó a la acusación. El procedimiento también alcanza al líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al dirigente campesino Vicente Salazar, que permanece en prisión preventiva desde el pasado 6 de julio.
Evo Morales, expresidente de Bolivia y prófugo de la justicia boliviana
Las movilizaciones se prolongaron durante siete semanas y se concentraron especialmente en el occidente y el centro del país. Campesinos de La Paz y sectores afines a Morales levantaron decenas de bloqueos en carreteras para exigir la dimisión de Rodrigo Paz, una campaña que provocó graves problemas de abastecimiento.
Según las autoridades, las protestas ocasionaron la escasez de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Además, dejaron al menos 16 fallecidos —13 de ellos por no recibir atención médica a tiempo— y provocaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
El Gobierno respondió decretando el estado de excepción el pasado 20 de junio. La Policía y el Ejército fueron desplegados para despejar las principales vías y recuperar la circulación tras alcanzar acuerdos con algunos de los sectores movilizados.
Horas después de conocerse la orden de captura, Morales aseguró que no se dejará amedrentar. «No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo», escribió en su cuenta de X. El exmandatario sostiene que el Ejecutivo intenta responsabilizarle de las protestas para desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
Morales niega haber impulsado una campaña para derrocar a Paz. Sin embargo, el pasado 24 de mayo publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmaba que el presidente solo tenía «dos caminos»: «militarizar» el país o convocar elecciones anticipadas en un plazo de 90 días.
La nueva orden de captura se suma a los problemas judiciales que arrastra el histórico dirigente indígena. Desde octubre de 2024 permanece en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político, protegido por centenares de seguidores para evitar su arresto en otra causa abierta por trata agravada de personas.
El expresidente boliviano, Evo Morales
En ese procedimiento, Morales está acusado de haber mantenido una relación con una menor de edad con la que, presuntamente, tuvo una hija en 2016, cuando aún ocupaba la Presidencia. Un tribunal de Tarija le declaró en rebeldía el pasado mes de mayo después de que no compareciera al inicio del juicio, lo que derivó en una segunda orden de detención que todavía no ha sido ejecutada.
La Policía boliviana ha reiterado en varias ocasiones que espera el momento oportuno para proceder al arresto del expresidente, cuya influencia política continúa siendo determinante en amplios sectores del país pese a su creciente aislamiento institucional.