Así ha gestionado el nuevo Gobierno de Colombia la emergencia tras el terremoto

El devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto tuvo lugar tan solo tres días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia de Colombia sin ser aceptado por el Gobierno izquierdista saliente de Gustavo Petro, quien no reconoció la legitimidad de su victoria electoral.

Tras el terremoto, Petro ha lanzado duras críticas en sus redes sociales y cuestionó al nuevo mandatario por no activar recursos específicos como el buque hospital Benkos Biohó en el Chocó, además de atribuir los movimientos telúricos a fenómenos como el fracking para la extracción de petróleo.

La falta de una transición ordenado con el gobierno anterior obligó a la nueva administración a atender la emergencia nacional sin haber nombrado formalmente a los nuevos responsables de las entidades críticas para afrontar esta tragedia, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Javier Pava Sánchez (el funcionario nombrado por Gustavo Petro) continuaba formalmente ejerciendo las funciones de director general de la UNGRD cuando el terremoto de magnitud 7,4 sacudió al país. Debido a la inmediatez del desastre, Pava fue quien dio las primeras declaraciones y activó la sala de crisis.

Aunque horas previas al terremoto, De la Espriella ya había anunciado a su elegido para el cargo, el cambio administrativo no se había formalizado. Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno entrante tramitó la posesión de urgencia del ingeniero geólogo David Santiago Tamayo, quien asumió formalmente la dirección general de la UNGRD desplazando de inmediato a Pava.

Ante el desfase administrativo y la permanencia provisional de mandos técnicos del 'petrismo' en otros ministerios y viceministerios sectoriales, De la Espriella declaró la «insubsistencias masivas» para acelerar la toma completa del aparato estatal en plena crisis humanitaria.

En el derecho administrativo de Colombia, la declaración de insubsistencia significa que el presidente o una autoridad que lo declara decide retirar de manera inmediata a un funcionario de su cargo, sin necesidad de dar una justificación o explicación de los motivos.

Esta es una facultad discrecional que se aplica únicamente a los cargos de libre nombramiento y remoción (puestos de confianza, directivos o asesores), y no a los empleados de carrera administrativa.

En el contexto actual de la emergencia por el terremoto, la insubsistencia es el mecanismo legal más rápido que tiene el nuevo presidente para acelerar el cambio de Gobierno evitando esperar a que los funcionarios del gobierno anterior presenten voluntariamente sus dimisiones, las cuales pueden tardar días en tramitarse.

Por otro lado, este mecanismo ha permitido a De la Espriella tomar el control operativo de la crisis y descabezar de inmediato las líneas de mando del gobierno anterior en ministerios y agencias (como la UNGRD) para poner a personas alineadas con las órdenes de la nueva administración.

De la Espriella ha logrado así romper el bloqueo institucional ya que el decreto de insubsistencia desvincula legalmente a los funcionarios petristas, impidiéndoles seguir firmando contratos, dando declaraciones oficiales o coordinando la atención de la crisis.

Ministerios claves en la crisis

Los decretos se concentraron de forma urgente en carteras calve para atender la crisis removiendo directores de agencias adjuntas, viceministros y secretarios generales:

La nueva ministra de Salud, Ana María Vesga, aplicó decretos de salida inmediata a coordinadores de redes hospitalarias y directores de atención de emergencias médicas del gobierno saliente. El nuevo Ejecutivo acusaba a estos mandos de lentitud intencionada en el envío de suministros de salud para culpar de negligencia a la nueva administración.

El nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, barrió de inmediato con las direcciones de asuntos públicos, enlaces comunitarios y secretarías que mantenían personal de la administración anterior. El objetivo fue unificar el mando para la coordinación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) departamentales sin intermediaciones políticas del petrismo.

Bajo la nueva ministra de transporte, Elsa Noguera, la prioridad fue remover de inmediato a directivos de libre nombramiento en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). De la Espriella necesitaba ingenieros y administradores de su entera confianza en estas agencias para contratar maquinaria pesada de urgencia y habilitar los corredores humanitarios sin trabas burocráticas heredadas.

Por su parte, el ministro entrante de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, encontró un presupuesto nacional que calificó de «desfinanciado» y que aún dependía de las proyecciones de Petro. Las insubsistencias se aplicaron a directores técnicos de presupuesto y asesores macroeconómicos que ralentizaban el traslado de partidas de otros rubros hacia el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Esto agilizó la posterior solicitud del crédito exprés de 450 millones de dólares con el Banco Mundial.

Finalmente, el nuevo Gobierno ordenó congelar y trasladar de inmediato la totalidad del presupuesto disponible hacia el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Este fondo se priorizará para financiar de urgencia subsidios temporales para arrendamiento para familias que perdieron sus casas y todo el despliegue militar para el rescate y remoción de escombros.