Otra vez: Estado de Emergencia Económica en Venezuela

En la Gaceta Oficial del 8 de agosto de 2026 -número 7066, Extraordinaria-, el gobierno de Venezuela anuncia la declaración de Estado de Emergencia Económica en todo el territorio, por un periodo de 60 días, que podrían ser prorrogados, por otros 60 días más. Como ha ocurrido otras veces, el Tribunal Supremo de Justicia no ha tardado en emitir una sentencia -número 824-, en la que ratifica la legalidad y constitucionalidad de la decisión.

El que una noticia de esa magnitud no haya causado la resonancia que merece tiene, cuando menos, una explicación: desde 1999, una y otra vez, apelando a veces a las justificaciones más fútiles y falsas, el régimen de Chávez y Maduro ha desconocido las funciones que las leyes le otorgan al poder legislativo en estas materias, y se ha otorgado a sí mismo facultades extraordinarias en cuestiones financieras, administrativas y tributarias, siempre bajo propósitos que no se han cumplido: proteger el valor de la moneda nacional; evitar la inflación y las prácticas especulativas; estimular y garantizar de la producción nacional; asegurar el abastecimiento; dar inicio a prometedoras fases de acuerdos con el sector privado de la producción para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.

Corresponde recordar aquí que en la Constitución vigente (aprobada en los días nefastos de diciembre de 1999, cuando las aguas arrasaban con el litoral central), tres de los artículos aprobados -337, 338 y 339-, que se refieren a los estados de excepción: ya reflejaban el deseo de Chávez, en ese entonces no tan evidente, de gobernar sin contrapesos, ni debates, ni consultando opiniones, ni rindiendo cuentas a nadie. Desde ese momento, casi de forma permanente, el régimen ha gobernado por decretos unilaterales, inconsultos, arbitrarios y opacos, que se apropian de funciones del resto de los poderes públicos, para concentrar en el poder ejecutivo, una perversa cantidad de funciones y decisiones, cuyo resultado neto es inocultable: el empobrecimiento sistemático y constante de la sociedad venezolana, en cada punto del territorio.

Casi de forma permanente, el régimen ha gobernado por decretos unilaterales, inconsultos, arbitrarios y opacos, que se apropian de funciones del resto de los poderes públicos

El reciente decreto del 8 de agosto no constituye una medida excepcional. Basta con recordar algunos de sus antecedentes, para arribar a una conclusión mayor: la excepcionalidad económica ha tenido un carácter permanente y sistémico. Los lectores no deben olvidar algunos de los hitos de esta trayectoria, de esta política de gobernar imponiendo decretos a los ciudadanos y a las familias. Algunos ejemplos resultarán ilustrativos.

Una etapa, la de las llamadas Leyes Habilitantes, alcanzó a sumar un arco de tiempo de casi 13 años: desde 1999 hasta el 2012. Se sorprenderá el lector si investiga con algún detalle cuáles fueron los ámbitos en que cambiaron las leyes y los reglamentos, y se potenció el intervencionismo del Estado: propiedad de la tierra, sistema tributario, sistema bancario y la nefasta Ley de Hidrocarburos, entre otros.

Entre los años 2007 y 2008, Chávez dictó más de 60 decretos-leyes (en algunas fuentes se habla de 62, en otras de 67), que constituyeron la principal y más lesiva campaña en contra del sector privado y las libertades económicas, por medio de los cuales el gobierno se hizo con el control total y sin atenuantes de los sectores petrolero, energético, eléctrico, de los servicios públicos y las telecomunicaciones.

Recuerdo que, en un encuentro con empresarios realizado en 2010, ya comenzaba a expresarse la preocupación de que, como producto de la caída de los ingresos por la debacle de los precios del petróleo, el gobierno escogiera el peor de los caminos: imponer controles de precios y crear las bases para que el costo de los bienes y servicios se convirtieran en materia policial y tribunalicia.

Y así sucedió: en julio de 2011 se aprobó la Ley de Costos y Precios Justos. En el 2014 se hizo una ampliación y profundización de esta voluntad interventora y confiscadora, promulgando la Ley Orgánica de Precios Justos, que establecía límites a las ganancias; creaba una institución especializada en la extorsión a los empresarios, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos -SUNDDE-; y convirtió en graves hechos penales, sin establecer referencias concretas, supuestos delitos como acaparamiento y especulación.

¿Acaso había culminado la persecución al sector privado, una vez que más de la mitad de las empresas del país habían cerrado y que los indicadores de producción se habían desplomado a casi un tercio de los vigentes en 1999? No. Todavía en noviembre de 2015 el régimen reformó la Ley Habilitante para empeorar hasta extremos insólitos, las sanciones monetarias a quienes fuesen señalados de incumplir las normas (acusación que cualquier miliciano, sin más fundamento que su palabra, podía realizar en contra de cualquier comercio o empresa).

El decreto firmado por Nicolás Maduro de Estado de Excepción y Emergencia Económica del 2016, que fue rechazado por la Asamblea Nacional, pero impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, y que dio origen a los CLAP, por ejemplo, fue renovado una y otra vez, violando la Constitución, por cinco años sin interrupciones. A ello vendría a sumarse la Ley Anti-Bloqueo del 2020. Ambos constituyen el antecedente inmediato, el marco en el que se acaba de producir el decreto del 8 de agosto.

Basta con hacer un paneo sobre el estado de la economía, el empleo, los precios, la producción, los ingresos familiares, la capacidad adquisitiva, el consumo de proteínas, el estado de las infraestructuras, la disponibilidad de bienes y servicios, la creación de empresas y empleos, o de cualquier otra variable que el lector considere relevante, para demostrar de forma rotunda e inequívoca, que las políticas de excepcionalidad, controles e intervencionismo del Estado en todos los ámbitos de la economía han fracasado, han hundido a la nación venezolana en la pobreza y la regresión.

¿Puede creer alguien que ante un poder que tiene capacidad auto concedida e ilimitada de intervenir y distorsionar la economía; de imponer precios; de sancionar y apresar sin el cumplimiento del debido proceso a cualquier trabajador o empresario; de sembrar el camino de la producción de un cúmulo incalculable de trámites, permisos, exigencias fiscales y parafiscales; que mantiene políticas que dificultan o hacen imposibles los créditos para la producción; que no tiene interés alguno en estimular la creación de pequeñas o medianas empresas; pregunto, puede alguien creer que bajo condiciones así, vendrán inversiones a un país minado por la corrupción, la extorsión y un poder diseñado para la destruir el funcionamiento de las empresas? ¿Nuevas inversiones, nuevos inversionistas?