El Estado 51, el tutelaje y la soberanía popular

Cada vez que el presidente Donald Trump dice alguna frase en medio de sus declaraciones, en las que señala a Venezuela como un posible Estado 51 –es decir, que sería incorporada como una jurisdicción más de Estados Unidos de América–, una cierta perplejidad toma espacio en la esfera pública venezolana. Hay quienes lo escuchan como un cometario humorístico y sonríen; otros lo comparan con sus declaraciones con respecto a Canadá o Groenlandia, y concluyen que es una pieza más del arsenal verbal con las que Trump mantiene la atención de los medios de comunicación y las redes sociales enfocados sobre sí mismo.

Numerosos expertos han aparecido en la prensa explicando que esto no es jurídicamente posible, en primer lugar, porque el presidente de Estados Unidos no está facultado constitucionalmente para declarar a un territorio como Estado. Además, la «Cláusula de Admisión» que contemplan las leyes estadounidenses, es potestad exclusiva del congreso nacional que, si el caso se planteara formalmente, tiene que cumplir con un proceso de admisión que incluye la aprobación de una ley específica sobre la materia (sería, en el supuesto negado, producir una ley que hasta ahora no existe, la ley del Estado 51). En casos precedentes, como los de la República de Texas (Estado 18 aprobado en 1845) o el del Reino de Hawái (que en 1900 se convirtió en territorio de Estados Unidos y recién en 1959 adquirió el estatuto de Estado número 50), ambos pasaron por procesos legislativos y fueron intensamente debatidos y votados finalmente por los congresistas.

Además de lo dicho, hay que añadir: no se puede omitir que han cambiado los tiempos, y que hoy existen sólidas preceptivas internacionales como el Principio de Autodeterminación, que constituye el fundamento mayor del Derecho Internacional, sino también la Carta de las Naciones Unidas que protege la integridad territorial y soberanía de los países. Por lo tanto, la idea del Estado 51 no es viable ni en lo legal, ni en lo técnico y, tampoco, encontraría receptividad en el tablero geopolítico de hoy.

Pero resulta que, aunque el enunciado del Estado 51 no sea viable, el tutelaje del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno interino de Venezuela es cada día más evidente –es decir, más difícil de ocultar o disfrazar–, y cada día se expresa sobre materias muy concretas: petróleo, minería, seguridad de las operaciones mineras, electricidad, finanzas, infraestructura, operaciones sanitarias y otras. En resumen: una presencia activa y ductora sobre una paleta creciente de asuntos de la gestión del gobierno interino.

Hasta el 19 de julio, la postura de Estados Unidos con relación a la cuestión política venezolana había sido, más allá de titubeos y declaraciones a veces contradictorias, la de mantener a Delsy Rodríguez como cabeza de un gobierno interino de duración más allá de lo previsto en la ley. Trump llegó a decir que Venezuela no estaba preparada para un proceso electoral.

Como era previsible, la reivindicación de la soberanía popular se ha instalado en el centro del debate como una exigencia, no para defender al gobierno interino –que carece de toda legitimidad–, sino para volver a la premisa básica del modelo democrático: la sociedad venezolana, cuya voluntad fue desconocida el 28 de julio de 2024, tiene el deber y el derecho de decidir quién dirigirá los destinos de la nación en crisis, en lo inmediato y durante los próximos tiempos.

El 20 de julio, día en que Marco Rubio ratificó la creación de una mesa de diálogo constituida por representantes de la Asamblea Nacional 2015 y la Asamblea Nacional ilegítima e ilegal vigente, mesa que también funcionará bajo la supervisión de Estados Unidos, y que ya se puso en funcionamiento, se produjo un cambio sustantivo y radical, que consiste en que el tutelaje incorporó las materias políticas de forma contundente, con una agenda que incluye las cuestiones más controversiales como la implantación de un sistema electoral confiable que supere a la fábrica de fraudes del actual CNE, un sistema judicial también confiable, la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, la instauración plena de la libertad de expresión y el derecho a la información, el establecimiento de acciones específicas a favor de la reconciliación y mucho más. En una frase: una ruta hacia la configuración de un modelo democrático legítimo, fundamentado en la soberanía popular.

Esta misma semana, probablemente respondiendo a la estrategia de arrastrar los pies del gobierno interino respecto a la mesa de negociación, Rubio precisó: en Venezuela habrá elecciones, no en años, sino en semanas o meses. En dos palabras: relativamente pronto.

La gran paradoja de esta cuestión es que, al incorporar la meta de un proceso electoral a la agenda política tutelada, la consecuencia necesaria e inevitable será el reconocimiento y restitución de la soberanía popular que es, en su fondo y superficie, lo contrario del tutelaje. De un modo inesperado, quizá inédito, Estados Unidos ha puesto en funcionamiento el mecanismo que determinará el final del tutelaje, cuando producto de una elección popular, libre, transparente y equitativa, se instale un nuevo gobierno, esta vez legítimo, que disponga de autonomía para tomar decisiones y defender la soberanía nacional. En otras palabras, el tutelaje ha creado y puesto en marcha un mecanismo que determinará su cese de funciones. Se hará innecesario, una vez que el poder en Venezuela esté en manos de ciudadanos escogidos por los votantes.