Despejar el terreno e ir a elecciones

La persistente ansiedad ciudadana que hay en Venezuela porque en el plazo más corto posible se produzcan unas elecciones, incluso a pesar de los dos devastadores terremotos del 24 de junio, es legítima. Legítima y comprensible.

Son casi 28 años consecutivos de empobrecimiento sistemático de toda la nación; 28 años de liquidación de las libertades y acoso sobre personas y familias; 28 años inclementes en los que el chavismo-madurismo destruyó el Estado de Derecho y lo reemplazó por una gigantesca maquinaria de delincuencia, represión, tortura e impunidad que, perdidas totalmente sus bases políticas, ha creado una feroz estructura militar, paramilitar y policial para mantenerse en el poder y someter brutalmente a la sociedad venezolana.

Que entre las familias predomine el hartazgo; que haya un sentimiento tan extendido y profundo de que el régimen debe acabarse sin más demoras para dar paso a una nueva etapa democrática; que en cualquier punto de la geografía nacional las preguntas que se repiten sean las de «cuándo serán las elecciones y cuándo tendremos un nuevo gobierno», no deberían descalificarse: son las preguntas de unos venezolanos cuyas vidas han sido ruin y constantemente aplastadas desde 1999. Sin pausas y sin compasión.

La ansiedad electoral no solo es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, sino una institución de la tradición democrática venezolana que, a pesar de todos los esfuerzos por destruirla, todavía es sólida y extendida en nuestra cultura política. De la vocación de nuestra sociedad por las elecciones como instrumento primordial del cambio político, no debemos avergonzarnos sino lo contrario: es el fundamento para avanzar hacia un nuevo modelo de libertades y progreso.

Sin embargo, no es posible eludir la condición ruinosa y corrompida de las instituciones del régimen, cuya degradación no tiene antecedentes en nuestra historia republicana. Apurar un proceso electoral, tal como están las cosas hoy, podría arrojar resultados insensatos e insostenibles.

Probablemente no sea necesario añadir más argumentos para mostrar la incompetencia y corrosión profunda que han alcanzado todos los sistemas públicos venezolanos. Y sostengo que no es necesario porque las secuelas del terremoto han funcionado como una radiografía inocultable del deterioro, del envilecimiento de los poderes públicos, de los ministerios, de las unidades militares, de la totalidad de los entes estatales que tendrían el deber de proteger a los ciudadanos ante todo aquello que amenaza su integridad, su salud y sus vidas.

Que se hayan construido miles de viviendas sin cumplir con los mínimos requisitos de seguridad; con materiales de la peor calidad; precarias edificaciones a cargo de ignorantes y ladrones de oficio; todo ello para ejecutar obras sin licitación, sin contraloría, sin supervisión y sin ninguna garantía, que seguramente han enriquecido a unos pocos funcionarios del régimen y a unos pocos empresarios enchufados del régimen, es por sí mismo un indicador rotundo y poderoso que nos dice: no basta con un proceso electoral. No es suficiente.

No podemos olvidar que no se trata solo de que al frente de los poderes públicos se han designado, por más de dos décadas, a personas cuyo principal atributo es la lealtad política a Chávez o a Cabello o a Maduro o al Partido Socialista Unido de Venezuela. No más.

No podemos olvidar que Chávez puso en marcha un enorme engranaje con la finalidad de imponer, del primero al último de los funcionarios, las peores y más deshonestas prácticas, el más rotundo silencio y autocensura, las más reiteradas prácticas de complicidad, las más diestras técnicas de la mentira, para ocultar que, en realidad, el único objetivo era robar hasta el último centavo, hasta el último lápiz de la administración pública.

Y no podemos olvidar que el conjunto de este proceso ha sido acompañado de un constante torrente de cambios en leyes y reglamentos; modificaciones arbitrarias en la jurisdicciones y sus alcances; en la distorsión de las funciones; en la creación de organismos con el único propósito de saquear la renta petrolera, como la Oficina de Proyectos y Planes Especiales de la Presidencia de República o el Ministerio para la Transformación Revolucionaria de Caracas, principal responsable –no el único– de la construcción de edificios para supuestos damnificados, que el 24 de junio cumplieron con el destino al que estaban destinados: caer sobre los cuerpos indefensos de sus habitantes.

Por lo tanto, para ir hacia las elecciones hay que despejar el terreno. Hay que revisar en corto plazo las leyes y reglamentos más ominosos y absurdos; hay que destituir y designar nuevas autoridades que den inicio a un proceso de profesionalización y tecnificación de la administración pública; hay que designar nuevos magistrados y nueva directiva en el Tribunal Supremo de Justicia; hay que designar nuevos rectores y directores regionales en el Consejo Nacional Electoral; hay que legalizar los partidos políticos que fueron empujados fuera de la ley...

Hay que liberar al 100% de los presos políticos; hay que declarar nulos el 100% de las investigaciones, expedientes y juicios sin fundamento en contra de miles y miles de venezolanos en el exilio; hay que iniciar un proceso urgente de cedulación y emisión de pasaportes a quienes viven en el extranjero, como desde hace años se hace en otros países de América Latina; hay que renovar profundamente la red de embajadas y consulados de Venezuela en el mundo; hay que despolitizar las dependencias del Estado en todas sus instancias; hay que limpiar y renovar el padrón electoral de la nación; hay que devolver los partidos políticos a sus legítimos administradores; hay que acabar con la censura de una vez por todas; hay que restituir las bases de la libertad de expresión y del derecho a informar; hay que disolver de inmediato organismos como el SEBIN, la DGCIM, el CONAS y otros cuerpos especializados en el secuestro, la desaparición forzosa y la tortura.

Estos son algunas de las garantías imprescindibles para ir hacia un proceso electoral confiable, justo y que respete la voluntad de los electores.