Del 11-S a Ceuta: veinticinco años confundiendo tolerancia con debilidad

Esta semana se conmemora el 25 aniversario del 11-S. Por aquel entonces yo vivía en Nueva York. Desde el ventanal de mi apartamento, en un piso 35 de Manhattan, vi en directo el desenlace aterrador de aquella mañana. Hay imágenes que no necesitan televisión para quedarse grabadas para siempre.

El 11-S fue, en muchos sentidos, la pérdida de la inocencia americana. Estados Unidos descubrió brutalmente que dos océanos ya no bastaban para mantener el mundo exterior a distancia. Casi 3.000 personas murieron aquella mañana. Durante unas semanas surgió un Nueva York distinto: más solidario, más amable, más humano. Pero también nació otro país.

Llegaron los controles, las cámaras, los detectores, las listas de pasajeros, el Patriot Act y una formidable expansión del aparato federal de seguridad. La TSA fue creada apenas dos meses después de los atentados y, en 2003, el nuevo Departamento de Homeland Security agrupó 22 agencias y departamentos federales. Los que vivimos aquí aceptamos una importante reducción de nuestra comodidad —y también de parcelas de nuestra intimidad— a cambio de seguridad.

Veinticinco años después, podemos empezar a juzgar el resultado.

Dos errores opuestos

Occidente cometió después del 11-S dos errores aparentemente contradictorios.

El primero fue creer que podía transformar por la fuerza sociedades enteras al otro lado del mundo. El segundo, pensar que en casa cualquier conflicto cultural podía resolverse con dinero público, multiculturalismo y unas cuantas campañas contra la intolerancia.

Fuera nos pasamos de frenada. Dentro pecamos de ingenuidad.

En Afganistán, una operación inicialmente destinada a destruir Al Qaeda y desalojar al régimen talibán que la protegía terminó convertida en un proyecto de nation building de veinte años. Miles de muertos y billones de dólares después, los talibanes volvieron a Kabul.

En Irak, Washington cometió otro error monumental: confundir la destrucción de un régimen con la construcción de un Estado. La disolución del Ejército y el desmantelamiento del aparato baazista vaciaron instituciones enteras, alimentaron la insurgencia y acabaron entregando a Irán una influencia en Bagdad que Saddam jamás le habría permitido.

La lección debería haber sido sencilla: el poder militar sirve extraordinariamente bien para destruir ejércitos y extraordinariamente mal para fabricar sociedades liberales.

Pero Europa aprendió exactamente la lección contraria.

Islam no es islamismo

Aquí conviene detenerse, porque las palabras importan.

El problema no es el Islam como religión. Millones de musulmanes viven pacíficamente en sociedades occidentales, trabajan, pagan impuestos, educan a sus hijos y no tienen la más mínima intención de sustituir la Constitución por el Corán. Incluso países con mayoría musulmanas son extraordinariamente tolerantes.

El problema es el islamismo, entendido como proyecto político: la pretensión de organizar la sociedad y el Estado conforme a una interpretación religiosa que se sitúa por encima de la soberanía popular, la ley civil y los derechos individuales.

No es una distinción inventada por cuatro peligrosos ultraderechistas. La propia estrategia antiterrorista británica distingue expresamente entre islam e islamismo y reconoce que este último entra en conflicto con principios occidentales como la separación entre religión y Estado, la igualdad de derechos y la autoridad de las leyes democráticamente aprobadas. La revisión oficial del programa Prevent señaló que el islamismo sigue constituyendo la principal amenaza terrorista para el Reino Unido.

Los datos europeos tampoco permiten refugiarse en eufemismos. Según Europol, en 2025 el terrorismo yihadista representó 24 de los 45 atentados registrados en la Unión Europea y 347 de las 486 detenciones relacionadas con terrorismo. Eso no convierte al musulmán que vive enfrente en sospechoso de nada. Pero sí convierte en una irresponsabilidad negar que existe un problema ideológico específico.

Al Qaeda y el ISIS no son «la esencia del Islam», pero tampoco son marcianos que hayan aterrizado accidentalmente sobre una religión completamente ajena a sus ideas. Son expresiones extremas del salafismo yihadista que utilizan textos, conceptos y tradiciones islámicas para construir una ideología totalitaria.

Negar esa conexión por miedo a parecer intolerante resulta tan absurdo como afirmar que el comunismo soviético no tenía ninguna relación con Marx porque la mayoría de los lectores de Marx jamás construyeron un gulag.

La tolerancia también necesita fronteras

Aquí es donde Europa ha fracasado. Después de Madrid, Londres, París, Bruselas, Niza y tantos otros atentados, demasiados dirigentes europeos concluyeron que señalar el problema ideológico era más peligroso que el propio problema. La integración dejó de entenderse como un contrato mutuo y comenzó a presentarse como una obligación unilateral de la sociedad receptora.

Pero integración significa precisamente lo contrario.

Europa puede —y debe— aceptar musulmanes, cristianos, judíos, ateos, budistas o incluso aficionados del F.C. Barcelona. Lo que ninguna sociedad liberal está obligada a aceptar es que grupos religiosos o políticos reclamen un derecho distinto para mujeres y hombres, creyentes y apóstatas, homosexuales y heterosexuales, musulmanes y no musulmanes.

Una ciudadanía. Una ley.

Curiosamente, tampoco esto es una extravagancia reaccionaria. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo en el caso Refah Partisi contra Turquía que un régimen basado en la sharía es incompatible con los principios fundamentales de la democracia definidos por el Convenio Europeo. A veces Estrasburgo sirve para algo.

El error del buenismo consiste en creer que defender esos límites es intolerancia. No. Es exactamente lo contrario. Una sociedad plural solo puede existir si todos aceptamos unas reglas comunes que protegen precisamente nuestra libertad para ser diferentes.

Y entonces aparece Ceuta

¿Qué tiene todo esto que ver con Ceuta?

Mucho, aunque conviene no hacer comparaciones disparatadas. Marruecos no es Al Qaeda y Mohamed VI no es un salafista. Equipararlos sería intelectualmente absurdo. Pero Ceuta nos recuerda otra lección del 11-S: no debemos confundir cooperación con amistad ni tolerancia con ingenuidad.

Mohamed VI se presenta ante Washington y Bruselas como garante de un Islam moderado. Y es indudable que Marruecos ha sido durante años un colaborador importante contra el terrorismo. Pero el monarca marroquí no es únicamente un jefe de Estado constitucional. El artículo 41 de la Constitución le reconoce expresamente como Amir al-Muminin, Comendador de los Creyentes, con autoridad sobre todos los asuntos religiosos y las 52,000 mezquitas del país. Su legitimidad política, territorial y religiosa están íntimamente entrelazadas. Y cuando le conviene, usa la plataforma para movilizar a su gente. (Por cierto: la dinastía marroquí es alauí. «Alauíta» es una corriente religiosa emparentada con el chiismo en Siria, a la que perteneció el dictador Assad.)

Y el Majzén entiende extraordinariamente bien el ejercicio del poder.

En 2021, alrededor de 8.000 personas entraron en Ceuta después de que Marruecos relajara aparentemente sus controles fronterizos durante la crisis diplomática provocada por la hospitalización en España del líder del Polisario. Un ministro marroquí llegó entonces a sugerir públicamente que España debía comprender que menospreciar a Marruecos tenía consecuencias.

Cinco años después hemos vuelto a comprobar la extraordinaria vulnerabilidad de nuestra frontera. Marruecos niega tajantemente haber organizado la avalancha. Pero tampoco hace falta creer en conspiraciones para comprender el mensaje estratégico. España tiene enfrente a un vecino que no reconoce nuestra soberanía sobre Ceuta y Melilla, reivindica intereses territoriales incompatibles con los nuestros y sabe que la inmigración puede convertirse en una potentísima palanca de presión. Responder a esa realidad con comunicados sobre amistad y cooperación es confundir diplomacia con terapia de pareja. Y para más INRI, el Majzén le da a su causa política un barniz de religión.

El 24 de agosto de 2026, durante el Mawlid (nacimiento del Profeta), Ahmed Tawfiq (Toufiq), ministro de Habús y Asuntos Islámicos, habló delante de Mohamed VI, el príncipe heredero y el jefe de Gobierno. Citó a dos ulemas nacidos en Ceuta (el cadí Iyad y Al-Azafi) y luego el Dalail al-Khayrat del imán al-Yazuli. Dijo, explícitamente, que esa obra fue: «el emblema de los marroquíes en su yihad para liberar los territorios ocupados». Otras traducciones hablan de una «lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas situadas a lo largo del océano Atlántico».

No es una fatua que ordene atacar Ceuta mañana. Es irredentismo envuelto en liturgia: el rey como descendiente del Profeta, los ulemas de «Sebta ocupada», un libro de oraciones convertido en bandera de «liberación». Quien quiera oír solo historia medieval, allá el. Quien sepa cómo se usa el islam de Estado en Rabat, oye otra cosa: la reclamación territorial sacralizada, pronunciada ante el único hombre que en Marruecos puede hablar en nombre de la fe y de la corona a la vez.

La lección que seguimos sin aprender

Veinticinco años después del 11-S seguimos oscilando entre dos extremos.

Primero quisimos arreglar el mundo a bombazos. Después decidimos que bastaba con abrazarlo. Ambas cosas han fracasado. La alternativa no consiste en perseguir musulmanes ni en establecer tests teológicos en Barajas. Consiste en algo mucho más sencillo: recuperar la confianza en nuestras propias reglas.

Quien quiera vivir en Europa debe poder hacerlo independientemente de su raza, procedencia o religión. Pero tiene que aceptar sin ambigüedades que la ley civil está por encima de cualquier ley religiosa; que una mujer tiene exactamente los mismos derechos que un hombre; que un judío, un cristiano, un musulmán o un ateo poseen la misma dignidad jurídica; que abandonar una religión es un derecho; que la libertad de expresión incluye poder criticar a Mahoma, a Cristo, al Rey o a Sánchez; y que las fronteras existen porque sin fronteras tampoco existe soberanía.

A quienes aceptan esas reglas hay que integrarlos. A quienes intentan sustituirlas mediante violencia, coacción o imposición política hay que combatirlos con toda la fuerza del Estado de derecho, sean islamistas, neonazis, comunistas revolucionarios o cualquier otra especie de totalitario etarra. Eso no es racismo. Es liberalismo elemental.

El 11-S nos enseñó que la debilidad invita a quienes están dispuestos a explotarla. Afganistán nos enseñó que la fuerza utilizada sin inteligencia también puede conducir al desastre. Ceuta debería enseñarnos la tercera parte de la lección: la tolerancia es una virtud; la ingenuidad, no.