Venezuela tiene con qué
La transición democrática tendrá que restablecer el Estado de derecho, profesionalizar la administración pública y devolverle autonomía a las instituciones de control
Estudiantes asisten a clases dentro de un aula temporal en el primer día del nuevo año escolar en La Guaira, Venezuela
Hay países que han visto caer sus ciudades bajo las bombas de guerras fratricidas. Otros han padecido terremotos, inundaciones, deslaves y huracanes que arrasaron casas, puentes, escuelas y hospitales. Y hay naciones sometidas a una devastación de factura humana: la que dejan las cleptocracias cuando convierten el poder en licencia para robar, perseguir y saquear. Venezuela conoce esas heridas. Las ha soportado en la oscuridad de sus hogares, en los hospitales sin insumos, en las aulas deterioradas, en las fábricas silenciosas y en la tristeza de las familias separadas por el exilio.
La historia enseña que los pueblos pueden levantarse. Europa, devastada por la Segunda Guerra Mundial, recibió entre 1948 y 1951 el impulso del Plan Marshall. Aquel programa movilizó recursos, cooperación y una voluntad compartida de reconstruir economías, infraestructura e instituciones. Su lección conserva plena vigencia: la ayuda externa alcanza su mejor resultado cuando encuentra ciudadanos dispuestos a trabajar, gobiernos sujetos a la ley y metas públicas capaces de convocar confianza. Venezuela puede aprender de esa experiencia y adaptarla a su realidad. Nuestra reconstrucción requerirá un plan nacional, democrático y transparente; un acuerdo de largo aliento que una a quienes viven dentro del país con la diáspora que ha sembrado capacidad, disciplina y prestigio profesional en los más diversos rincones del mundo.
Porque Venezuela tiene con qué.
Tiene petróleo, gas natural, hierro, oro y otras riquezas minerales cuya explotación debe responder a criterios técnicos, ambientales y de interés nacional. El aprovechamiento de esas reservas exige capital, gerencia profesional, tecnología, reglas previsibles y vigilancia ciudadana. El petróleo debe volver a ser palanca de progreso, administrada bajo controles que impidan convertirlo en alcancía de una camarilla. Cada barril producido con transparencia debe traducirse en agua, electricidad, empleo, educación, salud e infraestructura.
Tiene, además, un recurso que vale tanto como sus yacimientos: su gente. Millones de venezolanos desplazados han cargado la nostalgia de la distancia y han debido abrirse camino en circunstancias duras. En ese tránsito han acumulado conocimientos, oficios, experiencias empresariales, redes profesionales y proyectos. Han tenido que echarle piernas a todo. Ese talento, unido al de quienes resistieron en la patria, formará una de las columnas centrales de la recuperación.
Quienes preguntan de dónde saldrán los recursos para instalar taladros, reparar tuberías, refinerías, plantas eléctricas, escuelas, hospitales y acondicionar vías, tienen razón al exigir una respuesta seria. La cifra final deberá surgir de inventarios, auditorías independientes y planes sectoriales rigurosos. Se han mencionado cantidades cercanas a los 150 mil millones de dólares para recuperar la reactivación de la industria petrolera; cualquier cálculo responsable deberá desagregar costes, plazos, retornos y salvaguardas. Buena parte de ese capital puede provenir de empresas dispuestas a invertir y hacer negocios legítimos. Venezuela puede abrir oportunidades lícitas, rentables y transparentes, sostenidas por contratos respetados, un sistema de justicia independiente, propiedad protegida y un gobierno legítimo.
El viejo cha-cha-chá lo resume con gracia: «Toma chocolate y paga lo que debes». Venezuela posee productos que el mundo demanda. Petróleo, gas, minerales, bienes agropecuarios, turismo y servicios que pueden insertarse en mercados internacionales bajo reglas claras. La renta obtenida deberá alimentar un fondo de reservas, respaldar la estabilidad económica y financiar prioridades que la gente siente en su vida diaria: educación de calidad para los niños, atención digna para los ancianos, salud oportuna, vivienda, agua potable, transporte y seguridad.
En mi estado natal, Guárico, la democracia sembró educación superior. En San Juan de los Morros creó la Universidad Rómulo Gallegos; y el Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos extendió la formación profesional hacia Valle de la Pascua, Calabozo y Altagracia de Orituco. Aquellas instituciones abrieron puertas a miles de jóvenes llaneros y llevaron conocimiento a ciudades que reclamaban oportunidades. Eso también es sembrar el petróleo: convertir la renta de un recurso agotable en capacidades que perduran, elevan a las familias y le dan fuerza a la República.
Para dar esos pasos será indispensable contar con la cooperación de muchos factores. En ese sentido extenderemos la mano a los gobiernos democráticos y organismos internacionales que puedan acompañar la reconstrucción de las escuelas, los hospitales y las redes de servicios. Sera necesario reinsertarnos en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, entes que pueden aportar financiamiento, asistencia técnica y mecanismos de seguimiento, conforme a sus normas y a un programa venezolano solvente. La ayuda debe fortalecer nuestras capacidades, proteger a los más vulnerables y estar sometida al escrutinio de la ciudadanía.
Queda otra fuente de recursos que la República debe recuperar: el dinero robado y saqueado. Hará falta una política sostenida de localización, congelamiento, decomiso y repatriación de activos obtenidos mediante corrupción. Esa labor requerirá cooperación judicial internacional, expedientes bien sustentados, respeto al debido proceso y transparencia absoluta sobre el destino de cada dólar recuperado. Los fondos rescatados deben servir a la gente que padeció el expolio, bajo reglas que impidan la formación de una nueva red de privilegios.
Ese transito tiene un cimiento ineludible: instituciones sólidas. La riqueza de una nación depende del trabajo creador, de la seguridad jurídica, y de autoridades que rindan cuentas. Un país donde se castiga al emprendedor, se confisca arbitrariamente y se administra el tesoro público como botín espanta el ahorro y condena a la población a la precariedad. La transición democrática tendrá que restablecer el Estado de derecho, profesionalizar la administración pública y devolverle autonomía a las instituciones de control.
Venezuela tiene con qué, y tiene para quién. Tiene recursos, talento y una diáspora que sueña con volver a abrazar a los suyos. Tenemos por delante una tarea enorme, exigente y posible. Habrá justicia para quienes destruyeron y saquearon; habrá trabajo para rehacer lo que fue abandonado; habrá reencuentro para las familias dispersas. Con libertad, ley y esfuerzo creador, Venezuela volverá a levantarse.