¿Qué está pasando con el Tribunal Constitucional de Polonia?

La crisis del Tribunal Constitucional polaco ha abandonado los despachos judiciales y ha llegado a la calle. Durante la noche del viernes 30 al sábado 31 de octubre, la sede del máximo órgano de control constitucional del país se convirtió en el escenario de un enfrentamiento político e institucional sin precedentes recientes: presencia policial, concentraciones de simpatizantes ultranacionalistas, forcejeos en los accesos y la entrada del presidente de la República, Karol Nawrocki, en el edificio por la fuerza, después de interrumpir su viaje oficial a Senegal.

El detonante ha sido la decisión de la magistrada más longeva en el Tribunal, Anna Korwin-Piotrowska, anunciando la suspensión temporal de las funciones del presidente del Tribunal, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. La decisión abría inmediatamente la disputa sobre quién tiene autoridad para dirigir la institución.

Nombramientos de 2015

El origen del conflicto se encuentra en los últimos meses de 2015, cuando el partido Ley y Justicia (PiS) llegó al poder. Antes de las elecciones parlamentarias del 25 de octubre de aquel año, la mayoría saliente había elegido a cinco candidatos para el Tribunal Constitucional. Tres correspondían a vacantes que se producían durante su mandato y otras dos a puestos cuyo mandato expiraba durante la legislatura siguiente.

Tras la victoria electoral del PiS, la nueva mayoría parlamentaria anuló aquellas designaciones y eligió a cinco candidatos alternativos. El Tribunal Constitucional resolvió en diciembre de 2015 que la anterior legislatura había actuado correctamente al elegir a tres de los candidatos, pero no respecto de los otros dos, cuyas vacantes correspondían a la nueva legislatura. La controversia no terminó con aquella sentencia. El presidente de entonces, Andrzej Duda, recibió el juramento de los candidatos elegidos por la nueva mayoría, mientras que los tres elegidos legalmente por el Parlamento anterior no pudieron incorporarse en las condiciones establecidas por el Tribunal.

La Comisión Europea documentó posteriormente las consecuencias de aquella recomposición y cuestionó la independencia y legitimidad institucional del Tribunal. La crisis se prolongó durante los ocho años de gobiernos del PiS, entre 2015 y 2023, y dejó una profunda división sobre la composición y autoridad del órgano.

La llegada de Donald Tusk al Gobierno, en diciembre de 2023, no resolvió el problema. Su Ejecutivo emprendió un proceso de recuperación del Estado de derecho, pero se encontró con instituciones cuya composición y funcionamiento estaban condicionados por los nombramientos de la etapa anterior.

El último capítulo comenzó el 13 de marzo de 2026. El Sejm eligió a seis nuevos magistrados para cubrir vacantes acumuladas entre 2024 y 2025. Entre ellos figuraban Anna Korwin-Piotrowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska y Dariusz Szostek. El presidente Nawrocki aceptó recibir el juramento de dos de ellos, Bentkowska y Szostek. Los otros cuatro quedaron fuera de ese acto. Los seis elegidos realizaron una ceremonia de juramento en el Parlamento, una fórmula cuya validez rechaza la Presidencia de la República.

El Sejm sostiene que el artículo 194 de la Constitución atribuye al Parlamento la elección de los magistrados y que el presidente debe recibir su juramento. La Presidencia, por su parte, considera que la ceremonia celebrada sin la presencia del jefe del Estado no satisface los requisitos legales. Esta discrepancia explica por qué Korwin-Piotrowska se encuentra en el centro de la crisis: es una de las seis personas elegidas en marzo y una de las cuatro cuyo juramento no fue recibido personalmente por Nawrocki.

El detonante último

El viernes 30 de octubre, Korwin-Piotrowska anunció que asumía la dirección de los trabajos del Tribunal y ordenó una interrupción inmediata durante un mes, de las funciones de Święczkowski y Sochański. Fundamentó su actuación en las disposiciones legales relativas a la suspensión de funciones judiciales. La decisión fue rechazada por el sector que reconoce a Święczkowski como presidente legítimo. Desde ese ámbito se cuestionó tanto la competencia de Korwin-Piotrowska para adoptar la medida como su condición de magistrada del Tribunal.

Manifestantes cercanos a PiS venían concentrándose frente al Tribunal Constitucional desde este septiembre contra Donald Tusk y su gestión en la elección de los jueces. La situación se agravó cuando la Policía de Varsovia recibió comunicaciones de Korwin-Piotrowska y del fiscal general, Waldemar Żurek, alertando de posibles riesgos para la seguridad de jueces y trabajadores. Fue entonces cuando establecieron un dispositivo de protección en las inmediaciones de la sede.

A partir de las 15:00 horas del viernes empezaron a llegar más manifestantes, la tensión fue creciendo hasta el punto de que varios seguidores, algunos representantes de PiS y de Konfederacja Wolność i Niepodległość (Confederación Libertad e Independencia), además de seguidores de Grzegorz Braun quisieron entrar por la fuerza al edificio del Tribunal. Se produjeron enfrentamientos y forcejeos en los accesos. El propio Nawrocki entró al edificio entre forcejeos. Una vez dentro, Nawrocki mantuvo un intercambio con Korwin-Piotrowska y otros magistrados. El presidente negó la condición de jueces del Tribunal a los integrantes de ese grupo, mientras que la magistrada defendió su legitimidad y su autoridad para dirigir la institución.

Moción de censura contra Tusk

Ayer en la mañana el presidente polaco organizó una reunión de urgencia mientras Donald Tusk defendía que «restaurará el Estado de Derecho aunque el proceso sea difícil y doloroso». Y a las 20:00 comparecía en la televisión defendiendo la actuación de su Gobierno y acusando a PiS y a los grupos de Konfederacja y del entorno de Grzegorz Braun y Robert Bąkiewicz de contribuir al deterioro del Estado de derecho. Además, el primer ministro justificó el despliegue policial y reprochó al presidente Karol Nawrocki su intervención en la sede del Tribunal sosteniendo que ningún político, tampoco el jefe del Estado, puede entrar en el ámbito de actuación de un órgano judicial para intimidar a sus miembros.

La oposición también anunció ayer: que llevará el enfrentamiento institucional al Parlamento. El antiguo primer ministro Mateusz Morawiecki comunicó el sábado su intención de presentar una moción de censura contra el Ejecutivo de Donald Tusk. Su propuesta contempla sustituir al actual Gobierno por un gabinete técnico encabezado por Marek Jurek, expresidente del Sejm, que permanecería en funciones hasta la celebración de nuevas elecciones parlamentarias. Morawiecki justificó la iniciativa por la actuación del Gobierno en la crisis del Tribunal Constitucional, a la que acusa de constituir un intento de apropiación de una institución del Estado.