07 de diciembre de 2022

Nicolás Maduro en una imagen del archivo

Nicolás Maduro, con miembros del ejército, durante una rueda de prensaEFE

El Debate en América

Venezuela: la violencia oficial como arma política

El propósito es, obviamente, someter de forma progresiva pero permanente a la población, bloquear las actividades de la oposición política e impedir las manifestaciones de descontento

Un vistazo a los últimos 20 años del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, parece dejar claro que la voluntad de permanecer en el poder «para siempre», lo ha llevado a desarrollar estrategias diversas de ejercicio de la violencia, cuya forma más visible es el control armado de la población, aunque incluye otras formas de violencia física y psicológica.
A todos esos núcleos armados se les ha asignado espacios geográficos, espacios de negocio y actividades específicas de defensa.
También se les otorgó impunidad para sus actividades delictivas y se les asignó la tarea de primer anillo de choque contra la población civil, en caso de que esta se rebele o simplemente proteste públicamente, como ya hemos visto.
El propósito es, obviamente, someter de forma progresiva pero permanente a la población, bloquear las actividades de la oposición política e impedir las manifestaciones de descontento.
Luego está la violencia física y «legal», en forma de maltrato, acoso o coerción social, ejercida contra periodistas y medios de comunicación (más de 60 emisoras cerradas solo este año), educadores, gremios profesionales y sindicatos, universidades, trabajadores del sistema de salud, comercios y empresas privadas de producción y servicios, ONGs y fundaciones privadas, enemigos políticos y la población en general cuando protesta, cuya expresión más abyecta es el uso de la tortura y el asesinato que ejerce la policía política.
Para rematar, la violencia psicológica ejercida a través de la amenaza directa, la indiferencia ante el delito y la inseguridad personal, la inseguridad jurídica, el marco legal punitivo creado a tal efecto, la violencia de los bajos salarios y la relación entre los salarios y los precios, el deterioro de los servicios públicos, especialmente salud, agua, electricidad y gas doméstico, la escases de gasolina y diésel, las alcabalas policiales en calles y carreteras que piden «regalos» en moneda extranjera o en especie, para permitir continuar el camino.
A esto hay que agregarle la angustia generada por la información confusa, intencionalmente maliciosa o políticamente manipulada; las crisis emocionales de los familiares de quienes fallecen por no recibir atención médica, todo lo cual ha causado un aumento significativo en los suicidios, casos de estrés, crisis de ansiedad y depresión.
Finalmente, es inevitable señalar que el ejercicio de la violencia en todas sus formas, ha influido de gran manera en la emigración de más de siete millones de venezolanos.
Algunos ejemplos recientes pueden servir para dar cuenta de cómo se ejerce en la práctica, esa estrategia de la violencia como arma política.
El caso de los frecuentes enfrentamientos entre militares venezolanos, disidentes de las FARC y delincuentes organizados, el cual deja hasta ahora un saldo importante de muertos, heridos y desplazados, se convierte en una nueva evidencia de la connivencia y solidaridad con la guerrilla colombiana y el narcotráfico que allí operan desde hace años.
Otra táctica en esta estrategia, ha sido la entrega de amplias zonas del país a organizaciones delictivas de diversa naturaleza, basados en la tesis de contar con un «ejército popular», para diferenciarlo del ejército regular.
Así mismo, se ha fomentado la invasión de edificios en el centro y otros lugares de la ciudad, para instalar allí a las referidas bandas armadas que son movilizadas cuando hay manifestaciones populares de protesta o actividades de organizaciones políticas de la oposición.
En el marco de esta estrategia, ese ejército popular es percibido como la más sólida garantía de permanencia en el poder.
La idea es sostener el control de los grupos informales armados, y constituir un plan B de supuesta defensa, en caso de surgir alguna situación irregular en los cuadros formales de su aparato de seguridad.
El resultado es que el país, al menos el extenso territorio que limita con Colombia, las áreas mineras del Estado Bolívar y los barrios de las principales ciudades del país, está en manos de grupos delictivos que dominan espacios territoriales, en los cuales la Fuerza Armada tiene prohibido incursionar y la institucionalidad junto con la ley no se aplica.
Este estado de cosas está parcialmente documentado en los informes de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y confirma el éxito de la estrategia del uso de la violencia armada, física y psicológica como arma política de control social.
  • Alex Fergusson es autor de 19 libros, profesor-investigador de la Universidad Central de Venezuela y asesor en Gerencia de Conflictos y Negociación
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