Acceso a los túneles de la madrileña M-30
Sanciones
El desprecio a los conductores que va a obligar al Ayuntamiento de Madrid a devolver miles de euros en multas
Una sentencia obliga al Ayuntamiento a devolver el importe íntegro de las multas más las costas judiciales
Los ayuntamientos españoles han multiplicado sus ingresos por multas los últimos años. Más allá de la propia regulación del tráfico, han visto en las sanciones una vía rápida de recaudación con la que sanear su maltrecha economía.
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han traducido en miles de sanciones en municipios como Madrid y Barcelona en las que están en funcionamiento. Apenas existen todavía datos sobre la recaudación por este concepto, pero en Madrid en sólo siete meses el Ayuntamiento recaudó 80 millones de euros, de los 200 millones que suele ‘facturar’ cada año.
200 millones año
En este caso la situación es la contraria, la empresa Dvuelta especializada en la defensa de los conductores, acaba de hacer pública una de las mayores victorias legales que se recuerdan en el sector de la automoción.
Las multas son un excelente sistema de financiación para los ayuntamientos
Dvuelta ha ganado 160 procesos judiciales por sanciones de velocidad en la vía rápida M-30, lo que supone además de un fuerte varapalo financiero para las arcas del Ayuntamiento, un importante revés a su funcionamiento, pues los juzgados hablan de un ejercicio sostenido de «desprecio» hacia los conductores.
Desprecio hacia los conductores
De acuerdo con los tribunales, esta apreciación sirve en sí misma para la anulación de procesos abiertos con el consistorio por ignorar los recursos remitidos por los ciudadanos.
La mayor parte de los mismos se corresponden con un tramo de la M-30 en el que la velocidad está limitada a 70 kilómetros a la hora pero no existe señalización de ningún tipo que así lo refleje.
La M-30 está plagada de radares
El Ayuntamiento de la capital se limitaba ignorar los recursos y cuando respondía lo hacía con cartas tipo y con un mapa de la M-30 madrileña con las limitaciones de velocidad genéricas, una respuesta a todas luces insuficiente y que incluso se traduce en desprecio hacia los conductores, pues en ningún caso aportaba pruebas que pudieran tener fuerza ante el tribunal.
Presunción de inocencia
Es por ello que se ha impuesto la presunción de inocencia, pues de acuerdo con la sentencia el consistorio se ha limitado a responder con «un plano de señalización en el lugar de la infracción al que no puede otorgarse ninguna virtualidad, no solo por su mala calidad de imagen sino porque está fechado en diciembre de 2017».
Un plano que el propio tribunal califica como «ilegible, ni fechado ni certificado, al igual que un informe con una lista de radares y características sin aplicación al caso concreto».
Conviene recordar que al tratarse de una limitación específica de un tramo y no genérica, debe ser el propio ayuntamiento el que justifique y demuestre la necesidad de su presencia.
Los jueces cierran la sentencia explicando que «los ciudadanos se merecen algo más que la displicente ignorancia de sus escritos».
El Ayuntamiento se ha visto obligado a devolver tanto el importe de las sanciones como a abonar las costas judiciales en 85 casos.
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