Presidió un CGPJ apaciguado

Podría parecer extraño, teniendo en cuenta la crispación que impera hoy en día en relación con las altas instancias judiciales, pero el nombramiento de Francisco José Delgado Barrio como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo se produjo a raíz de un rápido consenso entre PP y PSOE. Era el principio de verano de 1996, un José María Aznar sin mayoría absoluta acababa de llegar al palacio de la Moncloa y, pese al aumento de la tensión política de los dos últimos años de Felipe González en el poder, seguía prevaleciendo el sentido de Estado para los nombramientos institucionales de más alto calado.

Fue así como Gabriel Cisneros, por los populares, y Alfredo Pérez Rubalcaba, por parte de los socialistas, tardaron poco en ponerse de acuerdo sobre las figuras de Delgado Barrio, de talante conservador, pero no sectario. Solo faltaba vencer las reservas del principal interesado, tarea de la que se encargó el Rey Don Juan Carlos por medio de una oportuna llamada telefónica.

Una vez aceptado el cargo, Delgado Barrio cumplió la condición que puso para desempeñar la más alta responsabilidad del sistema judicial español: poder elegir al resto de miembros, decantándose por personas de consenso sin obviar las «sensibilidades» ideológicas de cada uno. A lo largo de sus 5 años de mandato, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo se caracterizó por una firme defensa del Estado de Derecho, dejando claro, sin ir más lejos -y mientras se celebraban los juicios de los GAL- que invocar la seguridad del Estado no da discrecionalidad al Gobierno».

En 2001, Delgado Barrio regresó al Tribunal Constitucional, del que ya había formado parte entre 1995 y 1996. En esta ocasión, su mandato de 9 años se prolongó otros dos más por la tardanza del PP y del PSOE en renovar el órgano: prueba de que el mal ambiente había vuelto. Y para quedarse.

Así terminó la trayectoria de un jurista que la empezó desde abajo, sirviendo en Viella (Lérida), antes de ser destinado en Estepona (Málaga) y en tres municipios navarros: Aoiz, Tudela y Tafalla. En 1974 se convirtió en magistrado de la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo designado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Burgos. Diez años más tarde llegó por primera vez al CGPJ -para cubrir una vacante durante un año- y en 1986 fue nombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, creyendo que había alcanzado la cima de su carrera. Pero no: mayores alturas le esperaban.