Desmontando España
El Gobierno de la nación incita a la comisión de delitos al regalar indultos sin requisitos básicos para su tramitación
No pasa un solo día sin que veamos cómo este Gobierno va socavando los cimientos de la nación. Todas las jornadas nos dejan algo. Algunos días, mucho. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos el indulto parcial para una mujer que secuestró a sus hijos y sobre el que el Tribunal Supremo se manifestó en contra del indulto total –por unanimidad– y no se manifestó a favor del indulto parcial. Pero la secuestradora condenada tiene afinidad ideológica con Unidas Podemos y cuenta con el respaldo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Yo no he conseguido entender qué tiene de Igualdad el poder secuestrar a unos niños. Y por qué se da un indulto a quien no se ha arrepentido de los hechos por los que fue condenada y no ha pedido perdón.
En esto ya tenemos el antecedente del indulto a los golpistas catalanes, que tampoco se arrepintieron y anunciaron la nueva comisión del mismo delito. Y con esta similitud en ambos casos se puede afirmar que el Gobierno de la nación incita a quebrantar la ley al regalar indultos sin requisitos básicos para su tramitación.
Pero el día de ayer trajo más. Como anticipaba Ana Martín en El Debate, el siguiente paso para la politización de la Justicia es un programa de becas con el que se pretende conseguir un mayor número de jueces, fiscales, abogados del Estado y secretarios judiciales afines a las políticas de izquierda. Para ello, las becas no otorgarán más de un 30 por ciento de la puntuación final al expediente académico, mientras que el nivel de renta familiar ameritará el 70 por ciento de la puntuación. Es decir, tienes más posibilidades de ser juez si tu familia es pobre que si tienes un buen expediente académico. Debe primar la renta a la inteligencia. Y es que ya sabemos que en Unidas Podemos creen que la Justicia en España no es independiente, especialmente tras la condena de Rastas Rodríguez.
Sin pausa ni respiro, en el mismo día la ministra de Educación –o algo parecido– logró la aprobación en el Consejo de Ministros de un real decreto por el que desaparecen los exámenes de recuperación de las asignaturas suspendidas y se pasará de curso sin necesidad de demostrar que se ha aprendido aquello que no se sabía. Para qué, supongo que dirá la ministra de Educación que parece ser que se llama Pilar Alegría y es diplomada en magisterio. En esas manos está el futuro de los españoles.
Y, aunque todavía no se ha producido, ya podemos anticipar el siguiente paso en el desmontaje de España, porque los partidarios de la ruptura de la nación anunciaron ayer su nueva demanda: para apoyar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado –y sus votos son necesarios– ERC demanda el cierre de la Comisaría de Policía de Vía Layetana en Barcelona. Sabiendo de la predisposición de Sánchez a dar todo a sus socios independentistas, lo más probable es que se cumpla el requisito. En el razonamiento del presidente del Gobierno primará el criterio de «a mí que más me da dónde esté la Comisaría» y «lo único importante es mi continuidad en Moncloa».
Pueden parecer cosas pequeñas, detalles, pero cada día hay uno. Y, poco a poco se va minando España y el proyecto de desintegración de la nación progresa sin remisión. Y lo peor está por llegar.
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