El pago
Cosa amarga y triste es comprobar cómo gobiernan a la Nación sus enemigos
El presidente del Gobierno anunciaba el viernes, no en el palacio de la Moncloa ni en el Parlamento, ¡en un programa de televisión! El acuerdo entre el PSOE y Podemos para suprimir del Código penal el delito de sedición y subsumirlo en un tipo de «desórdenes públicos». Convocar un referéndum ilegal y declarar la independencia de una parte del territorio nacional pasará a ser un simple desorden público. Naturalmente, las penas sufren una drástica rebaja: de los 10 a 15 años pasan a entre 3 y 5. La reforma es posible porque, al tratarse de una ley orgánica, puede aprobarse por la mitad más uno de los diputados y el Gobierno cuenta con esa mayoría. Además, la coalición ha optado por el procedimiento de urgencia que evita los dictámenes preceptivos y permite la aprobación antes de fin de año, y, por supuesto, por marginar a la oposición.
En el capítulo de mentiras sobresalen dos. La primera es que se trata de «homologar» la regulación española con la europea. Claro. En Francia y en Alemania, el intento de romper la unidad nacional puede ser castigado hasta con cadena perpetua. Aquí, la unidad cotiza a la baja. Se puede despachar el asunto con tres años de cárcel. Desde luego, no puede calificarse a Patxi López como un estadista sin grave y culpable exageración, pero aun así producía estupor y no poca vergüenza verle insistir en que no se trata de suprimir, sino de «europeizar», mientras sus socios proclamaban alborozados la supresión como éxito propio.
La segunda mentira consiste en negar que se trate de ninguna contraprestación del presidente del Gobierno a cambio de los apoyos separatistas, especialmente en el caso de los Presupuestos. En este caso, la mentira gubernamental vino liderada por la vicepresidenta Nadia Calviño. Todo el mundo sabe que el compromiso del presidente se declaró al comienzo de la legislatura dentro de las negociaciones para obtener los apoyos parlamentarios necesarios. El Gobierno cumple lo pactado y miente al hacerlo. Al parecer, Sánchez sí paga a traidores y es además el empresario de la gran mentira. Por cierto, mentir y mal gobernar quita mucho tiempo para leer y pensar. Ya que no los hacen los ministros, al menos podían hacerlo de vez en cuando las miríadas de asesores. Maquiavelo aconsejaba al príncipe que las medidas más violentas y odiosas deberían tomarse al comienzo del ejercicio del poder para dar tiempo a que sus efectos perniciosos se diluyeran pronto. Se dobla la rodilla ante el separatismo casi en vísperas de elecciones autonómicas y en la última etapa de la legislatura. Los «barones» socialistas son, sin duda, hombres felices. Los electores no olvidarán la afrenta. El futuro Gobierno tendrá que dedicar sus primeras energías a un meticuloso programa de derogación legislativa.
Por cierto, hablando de la política de comunicación del Gobierno, la ministra portavoz ha perpetrado una de las más ridículas propuestas de la reciente historia política española. Los medios de comunicación deberían reservar un espacio de sus programas informativos para comunicar a los ciudadanos todo lo que el Gobierno hace en su beneficio. Vamos, algo así como «Aló, portavoz». Nostálgicos del Nodo y del Ministerio de Información. ¿Es que no tienen bastantes cadenas de televisión? Por lo demás, tan grande afán divulgativo podría ser contraproducente porque la audiencia sabría de primera mano lo mal que va la economía, lo mucho que suben los precios, la tasa de desempleo o incluso lo que sucedió en la valla de Melilla. Hasta se podría cuantificar el coste económico y moral del apoyo separatista al Gobierno, aunque esto último es realmente incalculable. Porque este Ejecutivo gobierna porque así lo quieren los separatistas.
Cosa amarga y triste es comprobar cómo gobiernan a la Nación sus enemigos.
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