Romper lo roto
Creo que sólo queda una solución: que se cumpla la Constitución y se elijan los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial
La suspensión de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder judicial parece, dadas las circunstancias anómalas de la política española, algo natural. Demasiado ha durado la pesadilla. El motivo de la decisión del Partido Popular es conocido: la decisión del Gobierno de modificar las penas aplicables al delito de sedición, como consecuencia de su pacto con los independentistas catalanes y de la necesidad de obtener su apoyo para la aprobación de los Presupuestos. A Pedro Sánchez le persigue el «cobrador del frac». Puro zoco jurídico. Además, el PP invoca que el Ejecutivo le ha engañado en esta cuestión. Eso no es ninguna novedad. La poco discreta ministra Montero se fue de la lengua para intentar luego arreglarlo reconociendo que el compromiso del Gobierno se cumpliría, pero cuando hubiera mayoría suficiente, y el Código penal no puede modificarse por mayoría simple.
En realidad, es imposible pactar con quien te engaña y quiere eliminarte del juego político normal. Sería necesario para ello que el PP tuviera impulsos suicidas y tendencias autodestructivas. La «nueva Transición» que propugna el presidente del Gobierno incluye al PSOE, Podemos, los separatistas y los comunistas. Quedan extramuros el PP, Vox y Ciudadanos. Esto es lo que hay y sólo no lo ve quien no quiere verlo. Es la ruptura de la concordia que ha producido los mejores años políticos de la historia contemporánea de España. Incluida, pues, la terrible Segunda República. Sólo la salida del Gobierno de Pedro Sánchez y la rectificación del PSOE volviendo, en estos asuntos, a su actuación durante la Transición y los Gobiernos de Felipe González, permitirían volver al camino de la concordia y la reconciliación y al final de los experimentos totalitarios de apoderarse de las conciencias. El acuerdo es posible, aunque no haya afecto y existan profundas discrepancias, pero es imposible cuando impera el odio. Y hoy la mayor parte de la izquierda oficial española está anegada por el odio y el resentimiento. Pretenden que ande a la pata coja, la izquierda se entiende, y la Nación cojea y marcha dando tumbos, a la deriva.
Creo que sólo queda una solución: que se cumpla la Constitución y se elijan los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial, doce por los jueces y magistrados, cuatro por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado. Y aún sería preferible que fueran elegidos los veinte por los jueces y magistrados. Se habla de «politización» de la Justicia como un gran mal de nuestra vida pública. La Justicia es uno de los tres poderes del Estado y, por lo tanto, es una institución política. No hay que «politizarla»; es de suyo política. Lo que es un grave mal es su «gubernamentalización», su control por los otros dos poderes del Estado. Si esto llega a suceder, como sucede en España, la democracia agoniza y, más o menos lentamente, muere. Porque la democracia no consiste sólo en arbitrar un procedimiento popular mayoritario para elegir al Gobierno y al Parlamento. La democracia no puede ser la dictadura temporal de la mayoría. No hay democracia ni libertad sin la garantía de los derechos. Ni el Parlamento ni el Gobierno pueden todo. Eso sería tiranía de la mayoría. Y no hay garantía de la libertad y de los derechos sin un Poder Judicial independiente, es decir, sin división de poderes. Por eso la Constitución contiene una declaración de derechos y libertades. ¿Sería una Constitución democrática si hubiera establecido que los ciudadanos tendrán los derechos y libertades que les conceda cada Gobierno? Eso no sería sino despotismo. Quien entiende así la democracia, como la omnipotencia de la mayoría, no sabe lo que realmente es y tiene además un espíritu servil.
Bruselas presiona a España para que resuelva la anomalía, pero no tanto para que los dos partidos mayoritarios se repartan urgentemente los miembros del Consejo, sino para que la Justicia deje de estar controlada por el Gobierno. Esto es lo que urgentemente hay que hacer: reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y no la regulación del delito de sedición que sólo interesa a los enemigos de España. Ahora sólo se ha roto lo que ya estaba roto.
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