La independencia de los magistrados
No se trata de que fulano y mengana sean de esta o aquella sensibilidad política, sino de garantizar que actúan en libertad e interpretan y aplican la ley al margen de presiones
Si queremos que España sea una democracia avanzada y consolidada, el espectáculo lamentable que vivimos estos días con los nombramientos de los magistrados del Constitucional no debería repetirse más. Para ello es fundamental cambiar un buen número de procesos, además de tomarse en serio el hecho de que entre todos debemos garantizar la independencia de los jueces y magistrados. Esa es la clave de bóveda de uno de los mayores contrapesos de un sistema democrático. No se trata de que fulano y mengana sean de esta o aquella sensibilidad política, sino de garantizar que en conciencia actúan en libertad e interpretan y aplican la ley al margen de presiones políticas. El sistema norteamericano, que concentra en un mismo órgano al Tribunal Supremo y al intérprete de la Constitución, posee la virtud de que sus miembros son vitalicios y ya nadie los puede remover. Gracias a ello, en los Estados Unidos se ha podido ver cómo un vocal de tan alta magistratura dictaba una sentencia en sentido totalmente contrario a la corriente que en su día lo aupó a ese privilegiado lugar. Pidamos, por tanto, que en España los miembros del Constitucional sean independientes y honrados.
Dos buenos ejemplos de ese comportamiento, que evidencia una fortaleza intelectual y también emocional, fueron Manuel Aragón y Encarna Roca. Cuando alguien como ellos llega al Constitucional, deja atrás sus etiquetas y se pone al servicio de la España democrática.
La independencia de criterio y de actuación personal, como casi todo en esta vida, también se trabaja y se construye con los años. Por eso es trascendente que los magistrados constitucionales posean trayectoria profesional, prestigio reconocido, extracción entre las élites de los jurisconsultos y que a lo largo del tiempo hayan podido valorar esa imparcialidad que no se someta a poder alguno más que al imperio de la ley.
La libertad de pensamiento y actuación de un miembro de un alto tribunal –Supremo o Constitucional– no solo debe ser subjetivo, sino también objetivo. No solo serlo, sino también parecerlo. Ya sabemos que la ideología marca a todas las personas, a los jueces también, pero eso no debe afectar al ejercicio de su autonomía. Es fácil escribirlo pero difícil ponerlo en marcha, ya que de siempre nos hemos preguntado en las democracias consolidadas quién juzga al juez o quién vigila al vigilante. Pues bien, de momento hay que evitar las puertas giratorias en este campo. Quien haya sido ministro no puede volver nunca jamás a un tribunal. Garantizar la pulcritud de sus decisiones debe ser objetivo fundamental del futuro. Queda mucho por andar en este terreno, donde el sanchismo lo ha destrozado todo.
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